Llueven demandas a Trump: van 55 denuncias en dos semanas de gobierno

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Los Ángeles.- Dos semanas han bastado para que la palabra “demanda” sea la marca inicial de la presidencia de Donald Trump. Con 55 litigios en su contra, la suspensión temporal de una orden ejecutiva para frenar el ingreso de musulmanes a Estados Unidos, y una derrota en una corte de apelaciones, Trump pasará sus primeros meses de gobierno con un pie en las cortes federales.

La batalla legal contra Trump tuvo su primer capítulo la noche del sábado 28 de enero, cuando el nombre de Ann Donnelly inundó las redes sociales: con una orden de suspensión lanzada desde su corte en Brooklyn, Donnelly, con apenas un año de ejercicio en el circuito judicial federal, se convertía en la primera juez en bloquear una orden ejecutiva del presidente.

La medida firmada por Trump un día antes, el viernes 27, fue anunciada como una cancelación temporal de las autorizaciones de ingreso a Estados Unidos para los ciudadanos originarios de siete países: Libia, Siria, Irak, Irán, Sudán, Yemen y Somalia, con fines de seguridad vinculados con el terrorismo. Aunque la orden tiene como criterio la nacionalidad de los individuos, es conocida como muslim ban, término acuñado por el propio Trump durante su campaña a la presidencia, por ser predominante la religión musulmana en los siete países. No había pasado ni una hora desde la primera suspensión a esta medida, cuando se supo que en otra corte federal, esta vez en Alexandria, Virginia, la juez Leonie Brinkema había emitido una suspensión similar.

La orden ejecutiva generó una fuerte reacción entre los ciudadanos que en pocas horas saturaron los principales aeropuertos del país en apoyo a quienes estaban siendo detenidos a su llegada, residentes de Estados Unidos que habían salido temporalmente a su país de origen, refugiados de Siria programados para llegar ese fin de semana y personas de origen iraní programadas para un procedimiento médico.

En los días siguientes se presentaron demandas en cortes federales de 14 estados a nombre de diversos ciudadanos —incluida una presentada por Mohammed Tawfeeq, un productor iraquí de la cadena CNN que es residente permanente de Estados Unidos desde 2013, y que fue detenido el domingo en Atlanta—, para sumar un total de 40 demandas contra esta medida; pero una en el estado de Washington, presentada directamente por el procurador Robert Ferguson, fue la que logró detener por tiempo indefinido el muslim ban.

Ferguson argumentó que la demanda pretende proteger a su estado “incluidos sus residentes, empleadores e instituciones educativas, contra las acciones ilegales del presidente y el gobierno federal”, debido a que la orden “separa a las familias de Washington, lastima a sus residentes y daña a la economía”. El viernes 3 de febrero por la noche el juez federal James L. Robart dio un fallo a favor de la demanda, con lo cual se establece una orden de restricción temporal (TRO) contra el muslim ban a nivel nacional. El sábado el equipo del presidente llevó el caso a una corte de apelaciones y el domingo el recurso fue negado. Si Trump desea continuar adelante con esta medida, tendrá que interponer un nuevo recurso ante la Corte Suprema.

Lo ocurrido este fin de semana demuestra dos cosas. Una, que el contrapeso natural del poder judicial de Estados Unidos aún funciona; y dos, que el presidente no tendrá empacho, al menos al inicio de su administración, en pelear por sus iniciativas en la Corte.

Gobierno entre litigios

“Estas primeras dos semanas han sido caóticas”. Con una sola frase, Anil Kalhan, profesor asociado de la Escuela de Leyes de Drexel University, en Philadelphia, define el ambiente que predomina en el país y la vorágine en la que se han visto atrapados los abogados de derechos civiles e inmigración.

“Ha habido un flujo de órdenes ejecutivas que evidentemente no son producto de una cuidadosa revisión administrativa por parte del personal de carrera del gobierno o de quienes están a cargo en la administración Trump”, agrega. “Una prueba de ello es que la orden ejecutiva del 27 de enero resultó en un fin de semana caótico no sólo para la gente afectada, sino para los propios oficiales de gobierno que no tenían una guía de cómo implementarlo; no hubo una intervención directa ni instrucciones del secretario de Seguridad Interna, y cuando las cortes emitieron el bloqueo temporal de la orden, muchos oficiales no supieron cómo reaccionar”.

Las demandas contra una nueva presidencia no son inusuales, pero estas 55 contrastan con las de sus predecesores: en sus dos primeras semanas de gobierno, Bill Clinton y Barack Obama enfrentaron cinco, y George W. Bush, cuatro.

La falta de rigor en la redacción de las órdenes ejecutivas que está firmando el presidente es una de las razones por las cuales ha surgido esta ola de demandas. Muchas de las acciones que propone, como el recorte de fondos a las llamadas ciudades santuario —aquellas en las que las autoridades locales se han negado a detener inmigrantes sólo por su estatus migratorio irregular, facultad que compete al gobierno federal—, o la construcción del muro, requieren de aprobación por parte del Congreso. Otras, llanamente violan normas internacionales de protección de derechos humanos. En todos los casos, además de las respuestas en las calles, está surgiendo la respuesta legal.

El lunes 30 de enero Maura Healey, procuradora general del estado de Massachusetts, compartió en Twitter la frase de la tarde: “No me levanto todos los días buscando una manera de demandar a Donald Trump, pero llevamos 10 días [de su gobierno], y ya llevo tres casos”.

La procuradora se refería a tres demandas presentadas contra el presidente dentro de su circunscripción, relacionadas con el muslim ban. Además de estas acciones, la oficina de la fiscal tiene otras tres acciones legales contra Trump: una, presentada en conjunto con otros 16 procuradores estatales, para prevenir el desmantelamiento de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor; otra, relacionada con regulaciones ambientales, y la tercera, también en conjunto con procuradores de Illinois, Maine, Maryland, Nueva York y D.C., para la regulación de universidades privadas.

En el caso de la orden contra ciudades santuario, la demanda interpuesta por el procurador de San Francisco, Dennis Herrera, podría ser replicada en los próximos días en otras ciudades. El martes 31 de enero Herrera presentó la acción legal contra Trump argumentando que “la decisión del presidente no sólo es inconstitucional, sino que es anti-estadounidense (…) Esta es la razón por la que nos oponemos. Somos una nación de inmigrantes y una tierra de leyes”. De acuerdo con el procurador, Trump excedió su autoridad al firmar dicha orden.

Con información de Agencias

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