DETRÁS DE LA NOTICIA con Alfredo Martínez de Aguilar – agosto 26
A riesgo de escandalizar a las hipócritas buenas conciencias y políticamente correctos en el poder y por arribar al poder, es imperativo abordar un aspecto controversial de la diversidad sexual.
Obligado es hacerlo en conciencia y por responsabilidad histórica y social, por el terrible daño que hacen a la gobernanza y a la gobernabilidad de Oaxaca y del país.
Respetuoso de la vida privada e íntima, abordamos esta singular arista de la diversidad sexual en la política y el gobierno por sus nefastos resultados públicos que mucho daño hacen al pueblo.
Es evidente, público y notorio, que el desgobierno se ha acentuado en los casos de presidentes municipales emanados de Morena, por ejemplo, Salina Cruz, Santa María Huatulco y Pochutla.
Sus consecuencias son graves en la política y en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, federal, estatales y municipales.
Más grave es, particularmente, en materia de seguridad pública, como lo prueba la abierta protección por complicidad para garantizar total impunidad a las parejas en la comisión de delitos.
En el probable feminicidio de Abigail Hay Urrutia llamó la atención que el alcalde de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, intentara garantizar impunidad al Juez Cívico Calificador, Joel Alberto Luis Velásquez.
La explicación de la protección del munícipe al Juez Cívico Calificador la dieron las benditas redes sociales y periodistas como Rodolfo Vásquez Mendoza, que revelaron la relación sentimental de ambos.
En su columna La Espada de Damocles, Rodolfo denuncia, además, “la usurpación de funciones por parte de dicho juez es el sello de esta administración municipal, igual convoca a reuniones que manda a desalojar viviendas con el apoyo de la policía”.
“Sobre este Juez pesan serias acusaciones de violaciones a la Ley, como el uso de la fuerza pública para aplicar el cobro excesivo de multas por faltas administrativas, cobros que van de los 3 mil pesos hasta los 15 mil pesos, sin contar con la amenaza y la coacción de la libertad y la violación constante de los Derechos Humanos de los detenidos”.
El munícipe no atendió el reclamo del Cabildo para que el Juez Cívico Calificador compareciera a explicar lo que había pasado con Abigail Hay, cuya detención Luis Velásquez ordenó para multarle.
Sin embargo, ante la creciente presión social de la familia, de organizaciones feministas y de las diputadas del Congreso del Estado, suspendió de su cargo a Joel Alberto Luis Velásquez.
Por la presión del escándalo nacional del probable feminicidio, la Fiscalía General del Estado se vio obligada a investigar con perspectiva , y a solicitar órdenes de aprehensión contra el Juez Cívico Calificador y tres policías municipales.
Para sentar un precedente positivo, las y los diputados de la LXV Legislatura del Estado deben suspender al alcalde y desaparecer poderes en Salina Cruz. ¿Sabrán estar a la altura de las circunstancias?
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