El Juzgado Quinto de Distrito desechó el amparo promovido por magistrados locales contra el Congreso local por la “inminente” desaparición del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

El Poder Judicial de la Federación determinó que no tienen interés jurídico en el tema los magistrados Leandra Jaquelina Ortega; Rogelio Gabriel Morales, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, Ana Mireya Santos, Camerino Patricio Dolores, Luis Enrique Cordero Aguilar, René Hernández Reyes, Narciso Abel Alvarado y Tito Ramírez González.

Los magistrados argumentaron que el Poder Legislativo analiza la inminente aprobación de la extinción del Consejo de la Judicatura.

Los magistrados que demandaron el amparo señalaron como autoridades responsables a los diputados y diputadas del Congreso local, al presidente de la Mesa Directiva, a la presidenta de la Comisión de Administración de Justicia y la presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales.

Entre los actos reclamados señalan la omisión de acordar los escritos que presentaron el cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante los cuales solicitaron que se señalara fecha y hora para que se les conceda audiencia a fin de que puedan comparecer ante los órganos de la legislatura señalada a los cuales dirigieron sus peticiones con el propósito de “ilustrar el conocimiento, justificar y motivar la existencia constitucional, convencional y legal del Consejo de la Judicatura y de los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca”.

También reclamaron la “inminente” aprobación del proyecto de dictamen que las Comisiones Permanentes conjuntas de Administración de Justicia y de Estudios Constitucionales someterán a la consideración del Pleno de la Legislatura local, con motivo de la iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos ordenamientos de esta entidad federativa.

Argumentaron también que en la iniciativa que analiza el Poder Judicial se pretende extinguir al Consejo de la Judicatura y concluir los nombramientos otorgados a los quejosos como magistrados del Tribunal.

Asimismo, están convencidos de que se aprobará la referida “iniciativa” y de esa situación derivan que se concretará la “desaparición” del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y la conclusión de los nombramientos otorgados a su favor como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de esta entidad federativa, quienes también dicen ser integrantes de las Salas de Justicia Indígena y Quinta y Sexta Salas en materia Penal del mencionado órgano judicial.

Al respecto, el Juez Federal señala que los inconformes no tienen interés jurídico para combatir esa actuación en la medida en que ésta no incide en sentido negativo en forma real, actual, directa y objetiva en su esfera de derechos.

También indica que con la información suministrada y los elementos de prueba que se tienen hasta este momento procesal no se deduce ni siquiera el sentido del dictamen que las aludidas comisiones del órgano legislativo señalado emitirán respecto de la mencionada iniciativa.

Además, establece que no se puede asumir como verdadero el planteamiento que los quejosos exponen en cuanto a que en el futuro inmediato se aprobará esa iniciativa y el dictamen relativo que lo avalará.

Sostiene lo anterior porque las disposiciones constitucionales y legales citadas exigen que todas las iniciativas sean turnadas previamente a las comisiones competentes para que se dictaminen de acuerdo con lo que la normativa aplicable establezca; asimismo, imponen al Pleno del Congreso de esta entidad federativa la obligación de examinar esas iniciativas y hacer el intercambio de opiniones a favor o en contra de la propuesta, lo cual incluye la discusión del dictamen que las comisiones elaboren.

Añade que, agotada la discusión en el seno del Pleno de la legislatura local, se procederá a la votación, la cual debe ser suficiente para que se apruebe el proyecto de ley o de decreto.

Detalla incluso que en el caso de una reforma constitucional -como es la que señalan los disidentes- se exige una votación calificada, esto es, la aprobación de cuando menos dos tercios del número total de Diputados que integren el Congreso del Estado de Oaxaca.

Según el Juez Federal ello evidencia que la aprobación de un dictamen elaborado por las comisiones permanentes del órgano legislativo respecto de una iniciativa de ley o de decreto precisa de la concurrencia de los factores señalados porque en el caso contrario no se actualizaría esa fase del procedimiento; además, no debe perderse de vista que el Pleno del órgano legislativo local está facultado para no aprobar los dictámenes elaborados por las comisiones competentes, incluso para desecharlos, en términos de lo establecido por el arábigo 108 de su reglamento interior, lo que revela con mayor razón que el acto reclamado precisado con antelación no puede tener la calidad de inminente, como los quejosos lo catalogan.

En la resolución, del Poder Judicial no se soslaya lo que los magistrados alegan en cuanto a que han tenido conocimiento de que se ha dictado un mandamiento para que ese proceso legislativo se realice conforme a lo señalado por el normativo 55 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, pero esa aseveración es insuficiente para reputar al acto reclamado como inminente dado que no aportaron elemento objetivo alguno del cual se pueda derivar que la mencionada iniciativa involucra un caso de urgencia notoria que haya sido calificada así por las dos terceras partes de los Diputados del Congreso local que estuvieron presentes al momento en el que se dio cuenta con ese documento, de modo que no está probado que la legislatura determinó reducir o dispensar los trámites establecidos legamente.

Se puntualiza en la resolución que no tienen interés jurídico para acudir al juicio constitucional a atacar la aludida actuación, porque ésta no les causa agravio alguno ni vulnera sus derechos fundamentales (como la vida, la libertad, la propiedad o la posesión de sus bienes, sus papeles, su domicilio, su empleo o su cargo) como personas físicas y tampoco da por concluida o extingue la relación jurídica que sostienen con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

Por tanto, subraya que  si ese acto no ocasiona un agravio actual, objetivo, personal y directo en sus esferas normativas es inconcuso que en la especie se actualiza el supuesto legal examinado, lo cual se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y se tiene la plena certeza de que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

Por último, tampoco a la consideración del Juez de Distrito la pretensión que subyace de la impugnación de ese acto en cuanto a que en el futuro de tener concreción las reformas constitucional y legal señaladas eventualmente pudieran darse la extinción de la liga laboral que los titulares de la acción constitucional sostienen con el Estado de Oaxaca.

Sin embargo, indica que esa situación no puede conducir a estimar que en este momento la actuación reclamada afecte sus intereses jurídicos, sino que en todo caso de materializarse la modificación de las normas que los justiciables indican y, por ende, la terminación del vínculo de trabajo que los une con su patrón equiparado hasta entonces podría decirse que se colmaría el presupuesto procesal señalado y de considerar que el juicio biinstancial es la vía idónea y procedente para controvertir ese acto legislativo tendrían expeditos sus derechos para hacerlo.

 

CONGRESO APLAZA DICTAMEN

De última hora el pleno de la LXIII Legislatura local, bajó de la orden del día el dictamen donde presuntamente se determinaba la desaparición del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

Pese a la protesta que un grupo de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó desde temprana hora en el exterior del recinto legislativo en San Raymundo Jalpan, para demandar a los diputados la desaparición del organismo, los legisladores dieron preferencia a un grupo de magistrados que se apersonó en el Palacio Legislativo para suplicar no desparezcan el Consejo de la Judicatura.

Los representantes populares integrantes de la Comisión de Administración de Justicia del Congreso escucharon por varios minutos los argumentos esgrimidos por los magistrados del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia.

Los legisladores hicieron votos para que las diferencias que hoy generan una problemática se diriman con inteligencia y responsabilidad.

En tanto, el grupo de magistrados consideró que desaparecer el Consejo de la Judicatura sería atentar contra la conducción, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de Oaxaca.

Los magistrados eran encabezados por el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera, quien enfrenta denuncias por malversación de recursos durante el tiempo que fungió como Presidente del Poder Judicial en el sexenio del gobernador Gabino Cué.

La diputada Hilda Luis informó que este martes se sostuvo una reunión con los integrantes del Consejo de la Judicatura para escuchar sus planteamientos con relación a la desaparición del organismo.

Recordó que se presentó el 4 de julio la iniciativa y la Comisión de Estudios Constitucionales emitir el dictamen correspondiente para que la Comisión de Administración de Justicia haga lo propio.

Aclaró que se debe llevar a cabo un estudio responsable y minucioso.

A su vez, trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca (TSJEO) se manifestaron frente al Congreso Local para solicitar una audiencia con los integrantes de la LXIII Legislatura y exigir la desaparición del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, ya que afirmaron que sólo es un elefante blanco que genera gastos excesivos y no es funcional.

La delegada de Salas y Juzgados Foráneos del Poder Judicial, Norma García Gutiérrez, afirmó que desde su creación, en 2011, el Poder Judicial se dividió en dos partes, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia, repartiendo también el presupuesto, otorgándole la mayor parte al Consejo de la Judicatura.

Detalló que para esta última instancia se destina más del 50% del presupuesto que recibe el Poder Judicial, poco más de 600 millones de pesos, que se distribuyen entre los 5 magistrados que lo integran, quienes cobran sueldos muy altos y no rinden frutos, entre ellos el Presidente del Tribunal Superior de Justicia el Magistrado Raúl Bolaños Cacho y el Magistrado Consejero Alfredo Lagunas Rivera, así como su personal.

García Gutiérrez señaló que por este motivo se restó al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, situación que ha repercutido en los trabajadores y la ciudadanía, al no haber recursos suficientes para la compra de insumos como papelería, mobiliario y equipo, ocasionando un rezago en los juzgados para garantizar una justicia pronta y expedita.

 

 

 

 

 

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1 Comentario

  1. Los magistrados sienten que se les va volando el hueso!!!Qué triste que el gobierno cree
    puestos sin sentido cuando hacen falta ministerios públicos,policías,investigadores y equipo para que la Justicia cumpla con sus funciones,en eso se debía invertir,no en pagarle a estas personas por no hacer nada!!!

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