El ex secretario de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara, podría abandonar el penal de Santa María Ixcotel donde se encuentra preso desde el pasado mes noviembre, en las próximas horas o días, luego de que, en la última audiencia de medida cautelar, su defensa y el ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción, José Ramírez Luna, afirmaron que la Secretaría de Finanzas “desapareció” los 5 millones de pesos correspondientes al pago de derecho de concesiones del año 2016.

En la audiencia a la que asistieron líderes del transporte y algunos concesionarios que se ven afectados por esta situación ya que debido a ello no les han entregado su trámite correspondiente que es el alta del vehículo, se advirtió que la encarcelación del ex servidor público es una clara persecución política.

Durante la audiencia, se dio a conocer que la Secretaría de Finanzas (Sefin) “desapareció” el dinero de los depósitos por el pago de derecho de concesiones que asciende a los 5 millones de pesos, pues el Banco Nacional de México (Banamex) institución bancaria donde se efectuaba el trámite, reportó que todos los pagos se llevaron a cabo y el recurso económico se transfirió a las cuentas de la dependencia, mientras que los concesionarios han presentado la ficha de depósito correspondiente, “pero el dinero no aparece”.

Tanto la defensa como el ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción, aseguraron que esa no es responsabilidad de Moreno Alcántara.

Ante esta serie de inconsistencias en la acusación, se mostró que la Secretaría de Finanzas “desapareció” el dinero correspondiente al pago de derecho de concesiones del año 2016.

Incluso en la carpeta de investigación obran las copias certificadas de dichos pagos, situación que es del conocimiento de la propia Fiscalía Anticorrupción y del Juez que lleva la causa.

En la audiencia de medida cautelar se advirtió que el hecho de mantener preso a Carlos Moreno Alcántara no es por cuestiones de peculado sino “se advierte una clara persecución política en contra del ex titular de la Sevitra”.

“La Fiscalía Anticorrupción metió a la cárcel a Carlos Moreno Alcántara solo por meterlo, lo cual demuestra la incongruencia de la Fiscalía”, expresaron en la audiencia.

Acusaron a Jorge Emilio Iruegas Álvarez, Fiscal Anticorrupción de utilizar al Poder Judicial para la persecución política y al Tribunal Superior de Justicia de prestarse a esta, con lo cual se demuestra el tráfico de influencias, que también es corrupción.

Durante la audiencia se calificó de grave que el Fiscal Anticorrupción haga tráfico de influencias, “ya que se debe comenzar con el ejemplo para combatir y abatir la corrupción en todas sus modalidades y vertientes, Iruegas Álvarez muestra incapacidad, falso testimonio, tráfico de influencias y uso político del Poder Judicial”.

Insistieron en la existencia de las líneas de captura y fichas de depósito derivadas de las líneas de captura.

Acusaron al titular de la Fiscalía Anticorrupción de ejercicio indebido de la función pública, lo cual es una vertiente de corrupción.

Ante ello exigieron la liberación inmediata de Carlos Moreno Alcántara pues se ha comprobado que no desvió los 5 millones de pesos por los cuales se le acusa pues el dinero ingresó a las cuentas de la Secretaría de Finanzas quien ahora argumenta no saber dónde quedó ese dinero.

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