En un año en el que el drama de las fosas clandestinas ha vuelto a cobrar fuerza, las autoridades no tienen certeza de cuántos entierros de este tipo se han registrado en el país, a cuántas personas se han hallado en ellas, ni el número de restos identificados.

De acuerdo con el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, dado a conocer en abril del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indica que entre el 1 de enero de 2007 y septiembre de 2016 se contabilizaron, oficialmente, 855 fosas clandestinas, de las que se exhumaron mil 548 cadáveres.

Con base en datos proporcionados por instancias federales y locales, el organismo autónomo dio cuenta de que en ese lapso de diez años se identificaron 796 cuerpos, 51% del total hallado.

En tanto, un reporte obtenido por Excélsior vía transparencia, proporcionado por la Dirección General de Especialidades Médico Forenses de la Procuraduría General de la República (PGR), señala que entre 2006 y 2017 se localizaron 273 fosas con 797 cadáveres, de los cuales han identificado 279, 35% del total.

Con el descubrimiento, a mediados de enero, de tres fosas clandestinas en el municipio de Xalisco, Nayarit, este año volvió a hablarse de este fenómeno, generalmente ligado a la violencia del crimen organizado.

En las fosas de Xalisco, localizadas por el Colectivo Familias Unidas de Nayarit, se hallaron 33 cuerpos. Además, el 12 de febrero se ubicó una fosa más en ese municipio, de la que se extrajeron los restos de ocho personas.

De acuerdo con expertos, la inhumación clandestina por lo regular es consecuencia de una ejecución extrajudicial o arbitraria y tiene el objetivo de ocultar crímenes como tortura, violación o desaparición forzada.

En los años más recientes, y como consecuencia de la violencia registrada en México por el combate frontal al crimen organizado, diversas agrupaciones han intentado especificar el número de entierros clandestinos y la cifra de restos humanos hallados en esos sitios.

La propia CNDH reconoce en el informe que la búsqueda y localización de fosas es realizada en su mayor parte por miembros de la sociedad civil “quienes en su labor incansable por encontrar a sus seres queridos, y ante la falta de respuesta adecuada y oportuna de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, se ven obligados a hacer lo que le corresponde a la autoridad”.

Destacó que esos voluntarios en muchas ocasiones se convierten en verdaderos investigadores sin ningún tipo de recursos económicos ni de conocimientos científicos.

“Acuden por sus propios medios a los campos, montañas, cerros, terrenos baldíos, entre otros lugares del territorio nacional, con los riesgos a su integridad que ello implica, a realizar excavaciones con herramientas de tipo rudimentario, logrando encontrar hasta ahora un número considerable de entierros ilegales”, indica en su reporte.

La documentación realizada por la Comisión arroja que Guerrero es la entidad donde se han encontrado más entierros irregulares, con 195 en el periodo señalado.

Le siguen Nuevo León y Veracruz con 191; Zacatecas con 83; Coahuila con 51 y Colima con 35 fosas. San Luis Potosí registró 34; Durango 18; Jalisco 17; Sonora 12; Baja California Sur 11; Oaxaca siete; Campeche cuatro; Quintana Roo tres; Aguascalientes dos y Querétaro una.

Las demás entidades reportaron a la CNDH no tener registro de fosas o no atendieron el requerimiento de información.

Para realizar su informe el organismo autónomo detalló que envió 589 oficios de solicitudes de información a las siguientes autoridades del ámbito federal: Procuraduría General de la República, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En el ámbito local requirió datos a los titulares de los órganos de procuración de justicia de las 32 entidades.

Además, recopiló información contenida en los expedientes sobre personas desaparecidas de los que tuvo conocimiento durante los últimos años. También, tomó en cuenta estadísticas, legislación nacional e internacional, así como archivos electrónicos y notas periodísticas, entre otras fuentes.

Las cifras de la Procuraduría proporcionadas vía transparencia, referentes a número de fosas y cuerpos hallados, e identificaciones realizadas, son visiblemente menores a las recopiladas por la CNDH.

Esto a pesar de que abarcan un periodo más amplio que el documentado por la Comisión (11 años contra nueve, respectivamente) y que su informe también fue hecho con datos de instancias federales y locales.

De acuerdo con el reporte con número de folio 0001700022518, del oficio PGR/UTAG/DG001313/2018, el año 2014 tiene el récord de más fosas clandestinas halladas, con 65 y 196 cadáveres exhumados, de los cuales solamente 63 han sido identificados.

En tanto, 2011 tiene el registro de más cuerpos localizados en 59 fosas, con 258 cadáveres, de los cuales han sido reconocidos 125.

En 2013 se contabilizaron 53 fosas con 115 cuerpos y 67 identificados; 2012 tuvo 28 entierros clandestinos con 42 cadáveres sin identificar hasta el momento.

Por estados, en lo único que coincide con la CNDH, aunque con una cifra distinta, es que Guerrero concentra el mayor número de fosas clandestinas: la PGR reportó un total de 115.

A esta entidad le siguen Tamaulipas con 52; Jalisco con 37; Baja California con 16; Morelos con nueve; Veracruz con seis; Michoacán con cinco; Ciudad de México y Estado de México con cuatro.

Oaxaca, Sonora, Coahuila y Chihuahua reportan tres cada una; Hidalgo cuenta dos fosas localizadas y Zacatecas, Nuevo León, Chiapas y Aguascalientes una cada una.

En esta relación de la PGR destaca el choque de cantidades entre algunos estados, como Veracruz y Zacatecas, respecto a lo reportado por la Comisión.

Además, en la información vía transparencia se incluye a Hidalgo, Tamaulipas y otras entidades que no habían atendido la petición de información del organismo autónomo.

Copan a Guerrero los grupos criminales

El foco rojo nacional de las fosas clandestinas es Guerrero, donde la disputa por el control del trasiego de droga ha generado secuestros, levantones y asesinatos entre integrantes de grupos criminales rivales o contra ciudadanos.

De acuerdo con la Fiscalía General estatal, han ocurrido secuestros masivos en comunidades de Chilapa, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Cocula, Iguala, Teloloapan y Cuetzala, municipios de la llamada Tierra Caliente.

Las bandas delictivas dedicadas a este delito en la zona están encabezadas por Johnny Hurtado Olascoaga, conocido como El Pez o El Mojarro, presunto líder regional del grupo delictivo La Familia Michoacana. El segundo grupo lo lidera Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, quien, de acuerdo con los informes e investigaciones de las autoridades estatales, formó parte de la organización de El Pez, pero ocurrió una escisión.

La existencia de un corredor de la amapola, la siembra de mariguana y las extorsiones a empresarios dedicados principalmente al sector turístico, han causado que en el estado se asienten diversas organizaciones criminales.

Entre éstas se encuentran Los Ardillos, Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Tequileros, Cártel Independiente de Acapulco, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Los Jefes, Gente Nueva, Cártel del Sur, La Barredora, Cártel del Pacífico y Cártel Jalisco Nueva Generación.

 

Con información: Excélsior

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