La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales(Fepade) en la entidad, dependiente de la Fiscalía General de Oaxaca, investiga la presunta comisión de 10 delitos electorales en el estado en el actual proceso electoral 2017-2018.

Dos de las denuncias están relacionadas con la probable utilización de recursos públicos para los damnificados del sismo de septiembre del año pasado en la región del Istmo de Tehuantepec, son el supuesto lucro de la tragedia para favorecer a algún actor o partido político.

Esther Araceli Pinelo López, titular la Fepade Oaxaca, mencionó que estas carpetas de investigación se suman a las 150 que existen por presuntos delitos electorales cometidos durante el proceso electoral local de 2016 en que se eligió Gobernador del estado, diputados locales y concejales a los ayuntamientos.

Previo a la inauguración de la “Semana de la Prevención del Delito Electoral y Responsabilidades Administrativas”, dijo que son tres los principales delitos electorales que se cometen en el estado: compra y coacción del voto –que abarca el 38 por ciento de las denuncias–, retención o recoger credencias de elector y la utilización de recursos públicos, programas sociales y servicios públicos, por funcionarios.

“También se tienen algunas denuncias anónimas y hemos citado a personas para que presenten la denuncia. Es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene que presentar una denuncia en la que nos proporcione datos de prueba para integrar debidamente las carpetas de investigación”, declaró.

Hasta la fecha, la Fepade no ha ejecutado alguna orden de aprehensión contra quien haya cometido algún delito en el actual proceso electoral, o alguien que haya sido detenido en flagrancia. En 2016, aseguró, hubo algunas personas detenidas en flagrancia pero no precisó cuántos.

Pinelo López dijo que para un ciudadano común las sanciones van de los tres meses a los tres años de prisión; mientras que para los servidores públicos van de los tres a los nueve años de prisión.

La titular de la Fepade agregó que con la semana de la prevención lo que busca es informar a los servidores públicos sobre los delitos en los que pueden incurrir y las sanciones en que caso de malversar recursos públicos o programas sociales para beneficiar a algún candidato o partido político.

“Dentro de la incidencia delictiva que nosotros tenemos marcado, es el tercer delito – los que cometen los servidores públicos – que más se comete en el estado. Entonces, estas áreas de prevención son las que están desde luego que a través de pláticas, foros, darles a conocer a los servidores públicos cuáles son sus responsabilidades que pueden tener tanto administrativas como penales”, finalizó.

 

Con información de: El Universal

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