Caso Santiago Nieto: todos perdimos

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Aún antes de que Santiago Nieto se hiciera a un lado de la pelea legislativa sobre su remoción, ya todos habíamos perdido.

Porque la derrota del exfiscal electoral lastimó a la institución de la que era titular cuando dejó al descubierto su vulnerabilidad frente a los actores cuestionados.

Así que hoy tenemos una Fepade descabezada y bajo la sospecha de que carece de la fortaleza y la autonomía requeridas para investigar a los presuntos violadores de la ley.

Y como los partidos tomaron partido, ante la falta de una explicación clara sobre el despido de Nieto, los inconformes cuestionaron las credenciales del ejecutor, el encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán. Él también perdió.

Y si bien la inédita alianza entre los partidos del Frente Ciudadano por México y los afines a Andrés Manuel López Obrador no logró reponer al fiscal electoral, en su intento supo reactivar el tema de la investigación del presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña del PRI en 2012.

Ahora sabemos que Nieto faltó al debido proceso de Emilio Lozoya. Al menos eso dice la defensa del exdirector de Pemex y responsable de las relaciones internacionales del candidato presidencial Enrique Peña.

Pero no sabemos nada de la investigación de la Fepade y de la PGR sobre la veracidad de los testimonios de los exfuncionarios de Odebrecht que involucraron a Lozoya en el escándalo de esa empresa brasileña que sobornó a varios gobiernos y políticos en América Latina.

De manera que como sociedad perdimos la posibilidad de que la Fepade y la PGR presentaran su versión de los hechos antes de que el caso se abollara con las descalificaciones entre Nieto y Lozoya.

Pero no sólo la Fiscalía Electoral y la Procuraduría, ambas acéfalas, quedaron tocadas por la remoción del viernes 20 de octubre.

También el Senado exhibió sus fracturas éticas cuando las partes convirtieron en tema público el valor del voto secreto.

Porque ese debate —al final inútil, porque ya no habrá que votar a favor o en contra de Nieto— ventiló la existencia de un Senado donde sus integrantes pueden tener una doble cara a la hora de definir funcionarios y asuntos espinosos.

Así quedó de manifiesto cuando el tema del voto oculto se volvió la manzana de la discordia entre el PRI-PVEM y el bloque  PAN-PRD-PT-Morena.

Mientras los priistas y sus aliados defendieron sin ceder un ápice que la suerte de Santiago Nieto sólo podía definirse con el voto secreto, los opositores se atrincheraron en la idea de que debían rendir cuentas públicas de su comportamiento político en el tablero de votación.

Apenas el jueves, AMLO se subió al ring para pedir a los senadores que siguieran peleando por el voto transparente.

Para la historia quedan los testimonios de Fernando Herrera, Luis Sánchez y Manuel Bartlett, coordinadores de las bancadas del PAN, PRD y PT-Morena, respectivamente, asumiendo que la ruta priista implicaba “un mercado” de votos y la posibilidad de que fueran cooptados los mismísimos legisladores que a ellos les toca liderar.

Y por más que el jefe de la fracción del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, calificó de “groseros” a sus pares de la oposición por ventilar el temor de que podían presionar, chantajear y hasta comprar a sus compañeros, los priistas asumieron el costo de defender la opacidad.

Y al margen de las justificaciones de una y otra parte, tanto para los protagonistas como para los observadores quedó claro que el resultado con voto transparente no sería el mismo si éste se ocultaba.

Consecuentemente, la desgastada reputación legislativa siguió destiñéndose para un Senado que ahora emprenderá la elección del próximo fiscal electoral en medio de un clima de desconfianza tanto interna como de la opinión pública.

Y si bien la decisión de Santiago Nieto le ahorró al bloque opositor el amargo sabor de la derrota frente al PRI-PVEM, desde el miércoles resultó evidente que las matemáticas de la política no favorecerían la reposición del exfiscal.

En las sumas y restas fueron determinantes los autollamados “senadores rebeldes” del PAN: el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero; Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano, principalmente, al aclarar que aún no tenían definido su voto.

El giro de estos legisladores —políticos profesionales de capacidades probadas y parlamentarios muy competentes— marca también de qué tamaño es la distancia que aleja al panismo ligado al expresidente Felipe Calderón del panismo que dirige Ricardo Anaya.

Dispuestos en un principio a respaldar la objeción, los calderonistas prefirieron inclinar la balanza a favor de la estrategia del PRI-PVEM, antes que respaldar una jugada que fortalecería al PAN anayista.

¿Quién perdió más? Ya el tiempo lo dirá. Pero sobre aviso no hay engaño: la batalla en el Senado por el depuesto fiscal Nieto es el prólogo de la guerra por el 2018. Así la rudeza. Y de ese tamaño las heridas y las víctimas.

Opinión de Ivonne Melgar

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