Legislar honestamente

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El que cualquier funcionario público se sirva de su posición laboral para obtener algún beneficio económico o de cualquier tipo es totalmente reprobable, además de ir contra toda ética, y debiera ser sancionado en justa proporción para acabar con la impunidad hoy reinante, y dar así por terminadas estas prácticas, de una vez por todas, en este país.

Sin embargo, que específicamente legisladores —quienes diseñan, votan y aprueban o desechan las leyes que nos rigen— sean quienes aprovechen sus prerrogativas como senadores, diputados federales, o congresistas locales para conseguir alguna ganancia —obtener una licitación, verse beneficiados en determinado sector por el diseño de leyes a modo o, como en este caso, omitir legislar algo que a todas luces la sociedad demanda—, supone un clarísimo conflicto de interés, que además podría configurar una violación a la ley.

En este contexto, a lo largo de los últimos 10 años, al menos —en 2007, 2011 y 2013—, el Congreso ha frenado una reforma constitucional para impedir que, a la sombra del poder político, legisladores federales o estatales hagan negocios.

Queda claro que el Congreso de la Unión y las cámaras de Diputados de los estados se sienten cómodos en la opacidad, como lo muestra el hecho de que en la plataforma ciudadana 3de3.mx, sólo publicaron su declaración de intereses uno de cada cuatro legisladores, o que sólo 3% de los Congresos estatales tienen reglas para evitar conflictos de interés de sus miembros. Algo escandaloso, ya que hablamos de un tema que ni siquiera tendría que discutirse, porque respetar las leyes debería ser, para quienes las diseñan, una cuestión de mínima congruencia.

Es reprobable que el Congreso de la Unión se oponga a tener controles que impidan y sancionen llevar a cabo negocios a la sombra de la responsabilidad de legislar. Ante esto tendría que ejercerse presión sobre este Poder federal, para obligarlo a establecer reglas claras lo antes posible.

No se entiende por qué en tiempos de apertura, transparencia y rendición de cuentas obligadas para todos los entes que ejerzan recursos públicos, tras grandes esfuerzos a nivel federal y luego de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el Poder Legislativo en nuestro país tengan que ser en esto la excepción.

Editorial

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