Al Margen

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+ Ante posible cierre de frontera norte, ¿cómo abordará el gobierno esa crisis?

+ EU frenaría ilegales en su frontera, pero crearía crisis humanitaria en México

Hoy ya no resulta raro encontrar, entre la indigencia cotidiana de nuestra entidad, a personas que abiertamente piden dinero o caridad a partir del argumento de que son centroamericanos que están de paso en Oaxaca y que pretenden llegar a los Estados Unidos. Si la amenaza del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump respecto a la frontera es franca y abierta sobre la construcción del muro, entonces no sólo el gobierno federal, sino los estatales, como el de Oaxaca —que tienen un problema importante pero encubierto de transmigración—, deberían también comenzar a pensar qué harían ante una potencial crisis humanitaria.

En efecto, si la migración es un fenómeno ampliamente conocido en México y constituye una de las bases sobre las cuales el actual gobierno norteamericano está tratando de perseguir a los mexicanos que permanecen ilegalmente en su territorio, también debería haber un reconocimiento más o menos similar al problema de la transmigración. Ésta se forma del desplazamiento de personas que ya vienen emigrando cuando se internan ilegalmente en nuestro país, pero que no lo hacen con la finalidad de quedarse aquí, sino de continuar su marcha a los Estados Unidos.

Ese es un problema amplio y creciente en nuestro país, cuando menos en la última década. Desde el gobierno del presidente Felipe Calderón, el gobierno federal ha realizado importantes esfuerzos para frenar la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos, y por eso hoy las tasas de salida e ingreso de connacionales indica que hay un porcentaje de migración de mexicanos muy cercano a cero. Es decir, hoy son más los mexicanos que regresan de los Estados Unidos, respecto a los que aún deciden intentar cruzar nuestra frontera norte de manera ilegal.

Sin embargo, junto a ese problema, la verdadera pesadilla mexicana ha estado en la transmigración. Hechos abominables como la matanza de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 —en la que fueron ejecutados a mansalva 72 migrantes centro y sudamericanos a manos de la delincuencia organizada que operaba en aquella región—, puso en la escena nacional e internacional el infierno que vivían desde hace años los transmigrantes, y que a pesar de que era perfectamente conocido por el gobierno federal y por los gobiernos estatales, que eran parte de ese fenómeno, habían hecho prácticamente nada para frenar los abusos y los crímenes que se cometían en contra de los centro y sudamericanos que llegaban al país ilegalmente tratando de llegar a la frontera con Estados Unidos.

Esos transmigrantes tienen como origen países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y varias naciones sudamericanas; comienzan a viajar desde sus lugares de origen hasta llegar a México, como un último paso antes de alcanzar la frontera con Estados Unidos, que es su verdadero destino.

El problema es que desde hace mucho tiempo, ellos consideran a México como el lugar más peligroso, no sólo porque es el país más grande que deben cruzar, sino también porque: o la colusión entre autoridades y delincuencia organizada, o el desinterés de los gobiernos por brindar ciertas garantías de seguridad a esas personas, bajo el argumento de que no ingresaron de manera legal a territorio mexicano; los hace presa de la delincuencia organizada que los captura, secuestra, viola, explota, esclaviza o mata, sin que haya autoridad alguna capaz o dispuesta a enfrentar dichas calamidades.

Aunque la autoridad mexicana ha manifestado en diversos momentos que busca desalentar el ingreso de ilegales a través de la frontera sur, lo cierto es que nunca ha reconocido que ese es un proceso imparable por diversas razones. Una de ellas es que la frontera sur de México es una frontera completamente abierta. Otra, que la autoridad migratoria mexicana ni cercanamente tiene la capacidad de cuidar la frontera de la forma que sí lo hace la Patrulla Fronteriza en los Estados Unidos.

Una más, aún más importante, que la pobreza y las calamidades que se viven en muchos de los países centroamericanos todos los días provocan verdaderos éxodos humanos en busca de mejores condiciones de vida. Y, como si eso no fuera suficiente, hay una razón aún más poderosa: para las sociedades de varias de esas naciones centroamericanas, migrar a los Estados Unidos es un asunto de orgullo y de dignidad, por lo que a cierta edad la mayoría de las personas está dispuesta a emigrar, y a no volver a su país mientras no alcancen el ideal del sueño americano.

La combinación de esas razones explica, en alguna medida, por qué la transmigración hacia México desde el sur es prácticamente imparable, y por qué entre los centroamericanos hay una persistencia enorme por volver a intentarlo, a pesar de que en México encuentran criminales, policías corruptos, tratantes, traficantes y sicarios que intentan reclutarlos, o que los lastiman, explotan o violan —entre muchísimos otros actos verdaderamente indecibles—.

OAXACA, OMISO

A pesar de que Oaxaca nunca se ha caracterizado por tener, ni siquiera marginalmente, una política de protección o apoyo a los transmigrantes, hace algunos años era escasísima la posibilidad de encontrar centroamericanos en lugares que no eran los estrictamente conocidos como de paso en sus rutas hacia los Estados Unidos. El camino conocido era entrar por Chiapas, llegar en tren hasta la zona de Ixtepec, para de ahí continuar el viaje hasta Medias Aguas, en Veracruz, y de ahí seguir el viaje como polizones hasta la frontera norte, por la ruta ferroviaria de Tamaulipas.

En Oaxaca, por ejemplo, el fenómeno migratorio era bien visto únicamente en la zona del Istmo de Tehuantepec, desde Chahuites hasta Ixtepec, y marginalmente en ciudades como Juchitán y Tehuantepec, porque como se apuntaba, la intención de los transmigrantes nunca ha sido la de quedarse. En los albergues que existen en varias comunidades, únicamente se brindaba ayuda humanitaria temporal a las personas mientras lograban continuar su viaje. Esos albergues, vale decirlo, fueron fomentados y son sostenidos en gran medida por la Iglesia católica. E incluso, al margen de la notoriedad que adquirió el sacerdote Alejandro Solalinde por la atención que captó por su labor humanitaria, es claro que la mayor parte del esfuerzo de solidaridad con los transmigrantes no ha sido del gobierno sino de asociaciones privadas o grupos religiosos.

En ese contexto, ¿el gobierno de Oaxaca estará claro que no puede continuar con su política de atención al migrante, sólo en la vertiente de los oaxaqueños que se encuentran en los Estados Unidos? Al final, puede argumentar que la migración es un asunto de competencia federal o que no es algo tan grave como para voltear la mirada. Sin embargo, es también cierto que hoy varias ciudades de la región del Istmo viven problemas de seguridad importantes derivados de la transmigración; y que en ciudades como la capital de Oaxaca hoy se ven por doquier a migrantes en la mendicidad y el abandono, que hasta hace poco no era una escena cotidiana.

CIERRE FRONTERIZO

Al final, el posible cierre de la frontera norte no frenará la transmigración que proviene desde el sur de México, pero sí provocará que cada vez más personas se queden aquí, y necesiten las provisiones mínimas para subsistir. Tijuana vive hoy un problema importante, aunque contextualmente distinto, con la migración proveniente de Haití. Pero nada indica que algo similar no pueda ocurrir en entidades como la nuestra a partir del endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos. ¿Están conscientes de ello?

Opinión de Adrián Ortiz Romero Cuevas

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