Opacidad legislativa

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Recientemente se reveló que los diputados se habían hecho acreedores en años anteriores, durante diciembre, a un bono secreto superior a 300 mil pesos. Tras la polémica que generó el dato, el bono dejó de ser secreto, fue blanco de críticas de diversos sectores y a pesar de ello autoridades legislativas salieron a decir que este 2016 se mantendría, pero ya no de 300 mil, sino de “sólo” 150 mil pesos. Hace apenas unos días se supo también que los diputados tendrían que hacer pública la forma en que destinarían esos recursos.

A pesar de todo lo que se difundió en las últimas semanas, para la Cámara de Diputados el bono secreto sigue siendo secreto. Este diario presenta hoy el resultado de una petición de información al palacio legislativo de San Lázaro y dicha partida no aparece en ningún concepto. Se solicitó a la Dirección General de Finanzas de la Cámara la cantidad global que recibirían los legisladores este fin de año, un desglose de todas las cantidades específicas y los conceptos bajo los cuales se otorgarían, también se pidió saber si habría bonos extra y bajo qué rubro se les pagaría.

La respuesta fue escueta: 214 mil 321 pesos con 10 centavos; 73 mil 817 por dieta mensual y 140 mil 504 por aguinaldo, equivalente a 40 días de salario. ¿Busca aún la Cámara ocultar lo que es materia del dominio público? La deficiente actuación del Congreso de la Unión en materia de transparencia, en específico de la Cámara de Diputados, ha sido destacada ya por la Auditoría Superior de la Federación, sin que hasta ahora se vea un cambio de actitud. En la revisión de la Cuenta Pública 2014 detectó que la Cámara baja “incumplió” con las normas de transferencia y de control de recursos financieros que se asignan a los grupos parlamentarios procedentes de una “subvención extraordinaria”. Sin embargo ese no fue el primer señalamiento; antes, en 2013, la Auditoría había señalado la persistencia de una “limitada rendición de cuentas” en los recursos ejercidos en subvenciones.

Por su condición de legisladores deben contar con beneficios laborales. Nada habría de irregular si no fuera porque son quienes deciden qué privilegios otorgarse y además deciden ocultarlos. Una actitud que no habla nada bien de su compromiso con la transparencia. Tal parece que aprueban leyes de acceso a la información para que las cumplan los demás, excepto ellos.

Editorial

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