Al Margen

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+ Guatemala, un referente de la intervención internacional anticorrupción

+ EEUU, por medio de la ONU, impulsa formas de vigilancia en la materia

  • En Guatemala, una comisión especial de la ONU fue responsable de procesar judicialmente al presidente Otto Pérez Molina por corrupción.
  • Es un tema de fondo que nos “hermana”, para mal, con naciones como Brasil.

En esta recapitulación de las formas en que la comunidad internacional —léase Estados Unidos de Norteamérica— está interesada en generar mecanismos de control contra la corrupción, resalta ampliamente el caso de Guatemala. Ahí, una comisión especial establecida por la Organización de Naciones Unidas fue la responsable nada menos que de procesar judicialmente al presidente Otto Pérez Molina, luego de que se revelara un escándalo de corrupción que involucraba al propio Presidente en operaciones ilícitas relacionadas con importaciones y exportaciones. Este es uno de los modelos que la comunidad internacional, impulsada por la doble moral estadounidense, impulsa para establecer vigilancia en países con problemas de corrupción como México. No debiera extrañarnos, por ende, la posibilidad de que se impulsara una “recomendación” internacional al respecto.

En efecto, es importante conocer y comprender algunos antecedentes de esa Comisión Investigadora en Guatemala, porque ese es un punto de referencia tanto de los intentos de la comunidad internacional por vigilar de cerca la conducta de funcionarios e instituciones en países con problemas de corrupción, al igual que lo que ayer reseñábamos en este espacio sobre los reproches de Estados Unidos, reflejados en una editorial de The New York Times al gobierno mexicano, relacionados con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, y las resistencias del Estado mexicano por demostrar avances sustanciales en la lucha contra la delincuencia organizada y, sobre todo, contra la corrupción.

En este sentido, resulta que en 2003, luego de que Guatemala pasara por largos periodos de inestabilidad política y guerra civil, el Estado guatemalteco solicitó formalmente la asistencia de la ONU para el establecimiento y funcionamiento de una Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, con miras a coadyuvar en la investigación y desarticulación de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.

En el acuerdo firmado entre la ONU y el gobierno guatemalteco se estableció que esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad, entendida ésta como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas acciones, eludiendo la investigación o la condena.

En una de las cuestiones más relevantes, esa Comisión de la ONU, que opera en Guatemala, también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la Comisión, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios.

 PERSECUCIÓN AL PRESIDENTE

Formalmente, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue acusado el viernes 21 de agosto de 2015 por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea. Según lo que han informado diversos medios, el nombre de la red de defraudación hacía alusión a un número de teléfono al que se podía llamar para negociar una alteración en los documentos de los cargamentos de mercadería importada, con el objetivo de pagar menos impuestos. Por el mismo caso guarda prisión la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, que en mayo se vio forzada a renunciar al cargo ante la contundencia de las pruebas en su contra.

Tras la acusación formal y la decisión del presidente de aferrarse a su cargo, seis de sus 13 ministros y otros altos cargos renunciaron. Y anteayer, en un hecho sin precedentes, los 132 diputados que componen el Congreso de Guatemala votaron retirarle la inmunidad al presidente Pérez, que será investigado en la Justicia por un fraude millonario en las aduanas. Poco más tarde, un juez prohibió la salida del país del mandatario, luego de que la fiscalía general de aquel país le presentó una solicitud para que emitiera una orden de arraigo.

Así, al ya no contar con inmunidad constitucional, y estar obligado a permanecer en el país, con Pérez Molina pueden ocurrir dos cosas: primera, que renuncie del cargo de Presidente y decida salir ilegalmente del país; o dos, que aún en funciones sea procesado judicialmente. Su periodo constitucional culmina en diciembre próximo, así que ya disminuido, posiblemente llegue a su conclusión aunque eso no le garantiza que el juicio no continúe, y que no vaya a prisión.

Si lo vemos objetivamente, ambos son actos de corrupción, pero la diferencia estriba en cómo se conciben, cómo se persiguen y qué mecanismos se utilizan para tratar de castigarlos. En Guatemala, que se supone que es un país con menos desarrollo democrático que el nuestro, hay un presidente acusado, perseguido y desaforado; en México, frente a un acto igual de grave, el Presidente fue exculpado y celebró su gestión con una perorata que no tuvo la vocación autocrítica que muchos aún esperábamos del Presidente.

POSIBILIDADES

Nada impide la posibilidad de que esta referencia sea útil para comprender el “interés” de la comunidad internacional por el combate a la corrupción en México. Es un tema de fondo que nos “hermana”, para mal, con naciones como Brasil. En estos mismos días hay una bomba en espera con el caso de Odebrecht, empresa auspiciada por el expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva, a quien se le acusa de vínculos de corrupción con funcionarios mexicanos.

@ortizromeroc 

Opinión de Adrián Ortiz Romero Cuevas

 

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