La Comisión de la Verdad Oaxaca ubicó cinco lugares en los que presuntamente habrían realizado inhumaciones clandestinas de activistas

Durante las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006 y 2007 se registraron distintos casos de desaparición forzada, en su investigación la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) recibió información sobre lugares específicos en los que pudieron haber sido torturados, asesinados e inhumados de manera clandestina diversos activistas.

De 2005 a julio de 2015, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas se registraron 216 desapariciones en Oaxaca concentradas en 35 de los 570 municipios, de los desaparecidos 115 son hombres y 101 mujeres, la media de edad es de 27 años. Del total de personas desaparecidas, 97 se presentaron durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 en el gobierno de Gabino Cué.

Hay evidencias en documentos oficiales de la presunta participación de funcionarios de gobierno estatal en el acoso y hostigamientos a los integrantes de la APPO.

El parte informativo de un mando militar destacó que Jorge Franco Vargas –entonces secretario de Gobierno de Oaxaca- “opera una organización supraestatal con la presunta complacencia del gobernador del estado (Ulises Ruiz Ortiz), en la que figuran unos 40 elementos de la policía ministerial y una cantidad no precisada de elementos de la Policía Preventiva, así como vehículos, armas y equipo electrónico de inteligencia montado en una camioneta con un valor de 8 millones de pesos”.

La Comisión de la Verdad Oaxaca ubicó cinco lugares en los que presuntamente agentes del Estado mexicano, o personas que actuaron con la autorización y complicidad de los agentes del Estado, habrían realizado inhumaciones clandestinas de activistas del movimiento social. La información se entregó a las autoridades estatales en febrero de 2016, sin embargo, no se ha investigado.

Miembros del EPR

Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueron detenidos y desaparecidos entre el 24 y 25 de mayo 2007 por autoridades mexicanas.

Ambos cubrían “una agenda de trabajo de análisis y elaboración de alternativas en torno a la actividad revolucionaria que se llevaba en esas fechas en la entidad de Oaxaca, por consecuencia tenían días de estar realizando diferentes reuniones de trabajo con compañeros de las estructuras clandestinas”, reconoció el EPR.

Gabriel alcanzó a Edmundo en Oaxaca el 22 de mayo de 2007, “realizaban labor de preparación política y formación ideológica, lo que requería constantes traslados entre la zona urbana y rural, de un municipio a otro, al interior de la ciudad a diferentes colonias, expuestos de forma constante en el cumplimiento las tareas desarrolladas en un contexto de estado de sitio policiaco-militar desplegado por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. En el momento de su detención se encontraban desarmados y no asumían una actitud ofensiva militar”.

En 1970 Gabriel Alberto Cruz Sánchez fue detenido y preso por el secuestro de Sadot Sánchez Carreño, líder de las juventudes priistas, y quien con el paso de los años sería senador de la República.

Se incorporó a las filas de Unión del Pueblo, la organización guerrillera que antecede al Partido Democrático Popular Revolucionario—Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR). Por su parte, Edmundo Reyes Amaya, participaba en organizaciones de derechos humanos.

Tras la desaparición, el EPR emitió un comunicado en el que informó que “el día 25 de mayo de este año (2007), en la ciudad de Oaxaca, entre las 20 y 22 horas en una acción fortuita de la policía, fueron detenidos tres de nuestros militantes: Raymundo Rivera Bravo de 55 años, Edmundo Reyes Amaya de 50 años y un tercero del cual por el momento no tenemos sus datos personales. Estos compañeros militantes están siendo torturados de manera brutal en las oficinas de la PGR por el ejército, la AFI y agentes norteamericanos que fungen como asesores de la policía y el Ejército. Sabemos que esta es la forma en que este Estado fascista, representado por Felipe Calderón y Ulises Ruiz se regodea y hace alarde de su poder, sobre todo cuando no hay ninguna autodefensa, por lo que los hacemos responsables de lo que pueda suceder a nuestros compañeros”.

Raymundo Rivera Bravo era uno de los nombres que también usaba Gabriel Alberto Cruz Sánchez y es por ello que el PDPR-EPR lo refirió así en su denuncia pública.

“Edmundo y Gabriel son originarios del estado de Oaxaca, son luchadores sociales que pertenecían al Partido Democrático Popular Revolucionario —Ejército Popular Revolucionario. Ambos realizaban actividades de formación política y concientización en diferentes sectores populares así como en el interior de su organización. Tanto Edmundo como Gabriel mantuvieron en la clandestinidad su actividad política en esta organización, nuestras familias se enteraron de esta situación al momento en que se denunció su desaparición y con los años hemos podido conocer algo acerca de su militancia por información hecha pública por parte de su organización”, así lo reconocieron familiares de la víctimas ante la CVO.

El gobierno federal y el EPR establecieron una Comisión de Mediación (COMED), la cual reconoció entre sus conclusiones la participación del ejército y de distintas corporaciones policiacas en las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez:

“El ejército participó activamente en el operativo del día 24 de mayo de 2007 en el hotel El Árbol en la ciudad de Oaxaca. Elementos del Ejército acordonaron la calle y penetraron en el hotel. (…) en la colonia centro de Oaxaca, se realizó un operativo conjunto entre elementos del Ejército Mexicano adscritos a la VIII Región Militar en Ixcotel, Oaxaca; de la Dirección General de Seguridad Pública de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana y de la entonces Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, ambas del estado de Oaxaca, así como de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, fue una de las conclusiones del Informe de la COMED.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigó el caso de las desapariciones y emitió en de febrero de 2009 la Recomendación 7/2009 en la que señaló que “servidores públicos del Estado mexicano, particularmente del Gobierno federal; del Gobierno del estado de Oaxaca; así como del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; vulneraron en perjuicio de los agraviados Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, los derechos de libertad, integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justi­cia, defensa y debido proceso”.

La CNDH le recomendó al gobernador de Oaxaca que se “realicen las gestiones necesarias para que sean presentados inmediatamente con vida los señores Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo; y en el supuesto de que éstos hayan incurrido en la comisión de alguna conducta antijurídica, sean puestos a disposición, de manera inmediata, ante la autoridad competente, a fin de que puedan hacer efectivos sus derechos de defensa previstos en la Constitución General de la República; o en caso contrario y con el mismo carácter se solicita que informen a esta Comisión Nacional la suerte final que corrieron ambas personas”.

El general Alfredo Oropeza Garnica, quien fuera comandante de la Octava Región Militar durante el conflicto del 2006 y 2007 en Oaxaca, envió partes informativos al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, a través del subsecretario de Gobernación, Abraham González.

En uno de ellos señaló el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en la que estaría implicado el entonces secretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas, y los oficiales de la Marina Armada encargados de cuerpos de seguridad pública estatal, Manuel Moreno Rivas y José Manuel Vera Salinas.

“Esta comandancia sostiene la hipótesis de que posiblemente (Jorge) Franco Vargas haya ordenado el secuestro de los dos integrantes del EPR que esa organización reclama, por lo que hay necesidad de realizar pesquisas a fondo con el propio Franco Vargas y los dos tenientes de navío que fueron autoridades y siguen lucrando con recursos del Gobierno del estado”, indica el parte.

“…solicito que esta información se haga del conocimiento de la Secretaría de Gobernación y que políticamente se bloquee la existencia de este tipo de organizaciones ilegales, y que se realice una amplia investigación para confirmar la veracidad de este informe por parte de instancias federales, para que, de acuerdo a lo que disponga la superioridad, se impida la operación de organizaciones al margen del Estado y se devuelva a las corporaciones de seguridad publica los recursos humanos y materiales que les han sido segregados en detrimento de las seguridad y confianza institucional de la sociedad oaxaqueña en general”, expuso el militar.

Otros desaparecidos

La CVO registró otros casos de desaparición durante las movilizaciones sociales en Oaxaca, uno de ellos en la comunidad Agustín Atenango, en la región de Silacayoapan, se reportaron a ocho personas como desaparecidas en julio de 2005.

Las desaparición de las indígenas triquis originarias de El Rastrojo, en San Juan Copala, Virginia y Daniela Ortiz Ramírez el 5 de julio del 2007 -la primera maestra bilingüe y la segunda estudiante de secundaria-, no hay avances en la averiguación previa 187/2007. Además se registraron desapariciones de miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

Lauro Juárez, miembro del Frente Popular Revolucionario (FPR), también fue desaparecido el 31 de diciembre de 2007 de acuerdo a información con que cuenta la CVO.

También Sergio Bautista, de la Unión Campesina Democrática (UCD) junto con Alberto Santiago Velásquez, desaparecidos el 20 de abril del 2008.

Hubo casos de privación ilegal de la libertad y golpes por agentes ministeriales contra integrantes de la APPO, como el caso René Trujillo, locutor de Radio Universidad, y de sus acompañantes Benito Flores y Mauricio Cruz, acompañantes, el 7 de noviembre de 2007 en el barrio de Xochimilco.

Los tres jóvenes fueron desaparecidos durante tres días, golpeados y torturados, encapuchados con bolsas de nylon para que dijeran los nombres de los demás integrantes y locutores de Radio Universidad.

“Eran las tres de la tarde cuando salíamos de la universidad, tomamos un taxi para llegar a mi casa. Al bajar se acercaron unas nueve personas que nos encañonaron, nos golpearon y nos subieron a una camioneta […]. Una golpiza brutal. Con patadas y puños me exigían que les dijera quién me financiaba para estar en el movimiento, cuánto me pagaban, revisaban los números de mi teléfono y me preguntaban por Flavio (Sosa, dirigente de la APPO), de cuánta gente lo escoltaba, si conocía a su familia. […] Se oía que había más ahí dentro, escuchábamos las torturas a las que los sometían. A nosotros nos pasaban uno por uno a un cuarto. Nos enterraron agujas en las yemas de los dedos, nos mojaron los pies y nos dieron toques eléctricos”, contó René Trujillo.

Un joven narró cómo las autoridades ocultaron por días que estaba detenido y que fue recluido en un penal de Nayarit.

“Durante días para nuestros familiares y la sociedad estuvimos en calidad de desaparecidos, fuimos tratados como peligrosos criminales. Desde que bajamos del avión con rumbo hacia el penal las burlas por nuestra estatura, los golpes y las frases discriminatorias de los policías con uniformes de la PFP no cesaban, recuerdo como uno de ellos al vernos bajar del autobús exclamó: ¡miren, estas chingaderitas están haciendo tanto desmadre en Oaxaca!”, contó.

Las fosas clandestinas

El EPR hizo llegar información a la Comisión de la Verdad de Oaxaca el 10 de noviembre de 2015, sobre cinco lugares en los que presuntamente agentes del Estado mexicano presuntamente habrían realizado inhumaciones clandestinas de activistas. Uno de los lugares está en las periferias de una sede institucional.

Testimonios recogidos por la CVO y de informantes de los cuerpos de seguridad pública, coincidieron en los lugares mencionados por el EPR, como los sitios en los que pudieron haberse cometido inhumaciones clandestinas.

Los integrantes de la CVO acudieron a corroborar la existencia de los lugares. Días después se levantó la denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organiza (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).

“El teniente de navío Manuel Moreno Rivas y el teniente de fragata José Manuel Vera Salinas agentes del Cisen fueron parte de comandos paramilitares formados para señalar y asesinar a miembros del movimiento popular magisterial además, son conocedores de que algunas personas del movimiento fueron sepultadas atrás de las instalaciones del cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones denominada Los Pinos, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec, atrás de este cuartel devastaron un cerro y actualmente ya construyeron casas habitación. Esta información la tienen los ex presidentes municipales de Santa María Coyotepec Jorge Pablo Jiménez (2005-2007) y Gerardo Guzmán de la Rosa (2008-2010), pueblo en donde hubo una de las más crueles represiones”, señaló el documento del EPR.

En el informe de la CVO se señala un domicilio particular Valles Centrales de Oaxaca, en donde actualmente opera una asociación civil. La casa se encuentra en pasando el pueblo de Ánimas Trujano en la curva antes de llegar a Santa María Coyotepec, del lado oriente de la carretera 175 rumbo a Puerto Escondido, este domicilio operó como casa de seguridad y fosa clandestina durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. El sitio no ha sido inspeccionado ni resguardado por las autoridades.

Un segundo sitio es “la casa del teniente de fragata Manuel Vera Salinas que ya vendió su mujer, en la Privada de Naranjo Nº 200, Fraccionamiento La Cascada, a un lado de la casa del ex gobernador José Murat Casab, muy cerca de la Fuente de las Ocho Regiones, donde residen la burguesía y los políticos de oficio de la Ciudad de Oaxaca y hoy, el gobernador Gabino Cué Monteagudo”.

De acuerdo a testimonios, uno de los lugares donde habrían sido enterrados clandestinamente los activistas y víctimas del movimiento magisterial popular de 2006, se ubica en la parte norte del basurero de la colonia El Manantial, en el municipio de Zaachila.

Un sitio más es un rancho en el pueblo de Vigallo propiedad del actual director de Seguridad Pública de Zimatlán, quien fue el comandante en jefe de los grupos especiales capacitados por el Ejército mexicano en 1997.

La PGR realizó en mayo 2012 una diligencia de exhumación en el panteón municipal de Puerto Escondido para buscar restos de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, donde de acuerdo a los familiares les trataron restos de otra persona que no era el de sus seres queridos, con la finalidad de dar por cerrado el caso, pero gracias al apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no se consumó esa acción de la autoridad.

Durante la búsqueda de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, algunos de los jefes policiacos señalados por su posible participación en la desaparición fueron igualmente víctimas de desaparición forzada como Jonás Corro, comandante del Cuarto Grupo de la Policía Ministerial del Estado y responsable de la guardia de la Comandancia General de la policía el día de la detención de los miembros del EPR.

Además jefes de la policía fueron ejecutados, Alejandro Barrita López, jefe de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, el 30 de enero de 2008; y Aristeo López Martínez, coordinador de la Policía Municipal de Oaxaca, el 23 de enero de 2009.

A pesar de las denuncias, ni la Fiscalía de Oaxaca ni la SEIDO han indagado en estos sitios para confirmar o descartar la información de las presuntas inhumaciones clandestina diversos activistas.

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Con información de La Silla Rota

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