Publicada el 19-10-2016 (10:27:49)

Después de un año de análisis, el Senado le dijo “no” a la Cámara de Diputados a suavizar la ley contra la trata de personas, que diseñó el propio Senado de la República y que se detuvo por la constante campaña en su contra.

Ayer, rechazó introducir el concepto “doloso” para que una conducta de trata y sus derivados sea castigada.

Con el voto unánime de las fuerzas políticas y un año después de negociaciones, el Senado aprobó en sus comisiones unidas de Trata de Personas, que encabeza Adriana Dávila; de Derechos Humanos, de Angélica de la Peña, y de Estudios Legislativos, de Graciela Ortiz, aceptar 47 cambios propuestos por la Cámara de Diputados, al considerar que enriquece el sentido de la nueva ley, pero rechazó las modificaciones a 20 más, por considerar que se atenuaban los castigos.

Uno de los ejemplos de los cambios que hizo la Cámara de Diputados, y el Senado no aceptó introducir, es la adición “explote la prostitución ajena, a través de cualquier acción dolosa”, para dejar en claro que se castigará hasta con 30 años de prisión a quien explote o se beneficie de la prostitución ajena, ya sin el elemento “doloso”, pues es eso lo que impide castigar con severidad a los delincuentes.

Los senadores también refrendaron dejar en claro que “será sancionado con prisión de cuatro a nueve años, y de 500 a 200 mil días de multa, a quien explote a una persona para realizar actos de mendicidad, mediante la amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción; el engaño, la seducción, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; el ofrecimiento, la concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero, que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra, o el consentimiento de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra”.

El Senado aceptó modificaciones de los diputados, como el precisar que la trata de personas que afecte a los menores de edad y a personas vulnerables, sin capacidad de comprender que son víctimas, no prescribirá, para que se garantice el castigo a los depredadores.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos reveló que la politización de las organizaciones sociales frenó la reforma a la Ley General de Víctimas y está en riesgo de no salir.

“Ya me quejé de la otra ley de atención a víctimas pero… ¡Basta! Si no quieren que reformemos la ley, que sigan con su crisis quienes están politizando la ley y ni modo, nosotros tenemos que ir por causas nobles y urgentes que son éstas, ésta urge”, expresó anoche durante una reunión con Ariel Dulitzky, del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, al referirse justo a la ley que castigará ese delito en México.

Con información de: Excélsior

 

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