Publicada el 14-10-2016 (10:50:44)

Tras casi tres horas de sesión, se aprobó con 99 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 122 de la Constitución, en materia de justicia laboral que desaparece las Juntas de Conciliación y Arbitraje y regula los llamados contratos de protección, garantizando la contratación colectiva de los trabajadores y el derecho a huelga.

El encargado de presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, Trabajo y Estudios Legislativos fue el senador Enrique Burgos que elaboraron tras la presentación por parte del Ejecutivo de una iniciativa de justicia laboral cotidiana para la impartición de justicia del trabajo.

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La reforma consiste en transferir a los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades los asuntos contenciosos que hoy se presentan en las juntas federal y locales de Conciliación y Arbitraje ante la aparición de conflictos en las relaciones laborales de los trabajadores y los patrones.

“Se plantea el surgimiento de organismos descentralizados en el ámbito de la administración pública federal y de las entidades federativas que tengan a su cargo el conocimiento de las diferencias entre los trabajadores y el patrón para impulsar procedimientos de autocomposición”, indicó el senador Burgos García.

Se creó un organismo descentralizado para que asuma la función conciliatoria y el registro de las organizaciones sindicales, así como de los contratos colectivos de trabajo suscritos en todo el país. Reconoce también la libertad de decisión del trabajador y principio mayoritario para la definición de sus dirigencias, la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo.

“Se determinó: preservar las referencia de los laudos, como se conoce en las resoluciones de las juntas y de los procedimientos arbitrales en el artículo 107 constitucional; establecer una referencia genérica en distintos apartados de la reforma a los tribunales laborales, sin distinguir su tipo; mantener la fracción XXI del apartado A del 123 constitucional que establece derechos de los trabajadores frente al patrón en términos de la indemnización y demás responsabilidades que resulten del conflicto con el señalamiento de que en todo caso si el asunto ha sido resuelto judicialmente estará obligado a cumplir con la sentencia”, agregó.

Cuando una organización sindical busque obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo sólo deberá acreditar que cuenta con la representación de los trabajadores; establecer la condición de la cosa juzgada para los convenios laborales derivados de la instancia de conciliación para su cumplimiento y ejecución; incorporar la expresión personal, libre y secreta de los trabajadores para el caso de solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo; y reflejar en el texto constitucional la participación de trabajadores para agruparse en federaciones, confederaciones y de acuerdo a los estatutos de cada organización.

Con información de: Proceso

 

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