Comunicadores y periodistas de Querétaro se unieron a la serie de protestas que se han realizado en diferentes partes del país para exigir a las autoridades garantice seguridad para el correcto desempeño de su labor, esto a consecuencia de la ola de violencia que se ha registrado en los últimos días en el estado de Veracruz. Foto: Victor Jimenez

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una alerta temprana en la que pide al gobernador Gabino Cué tomar acciones para garantizar la vida y la seguridad de quienes ejercen el periodismo, luego de que se identificaran agravios en contra de 123 agravios periodistas, entre ellos seis asesinatos.

La alerta temprana, firmada por el ombudsman Arturo Peimbert Calvo, resalta que los comunicadores de diversos medios han sido violentados durante diversas coberturas informativas, entre ellas resaltó el caso de la fotógrafa Citlalli Cid, quien fue violentada por maestras de la S22 el pasado fin de semana, pese a encontrarse embarazada.

Al respecto, la comunidad informativa de Oaxaca decidió “vetar” a la Sección 22, argumentando la falta de condiciones para poder ejercer el periodismo de una forma digna.

A esas acciones se sumaron siete periódicos, tres televisoras, 5 empresas radiofónicas 11 portales informativos y tres asociaciones de periodistas que firmaron un desplegado donde se pronuncian por ¡Ni una agresión más!

“En Oaxaca, los trabajadores y las empresas de la información hemos vivido una larga historia de hostigamientos y ataques contra nuestra labor. Por esta razón, la Asociación de Comunicadores de Oaxaca (ACO), medios y organizaciones que suscriben, condenamos estos hechos frontal y enérgicamente”.

Al respecto, mencionaron algunos ataques recientes: el 20 de julio retuvieron violentamente en Nochixtlán a trabajadores de TV Azteca; el 21 de julio agredieron al fotoperiodista Mario Jiménez Leyva, del diario Noticias; el 1 de agosto acosaron a Ismael García, corresponsal de El Universal; el 31 de agosto tomaron una radiodifusora en Puerto Escondido y retuvieron a los trabajadores; y el 17 de septiembre actuaron contra la fotorreportera del periódico Tiempo Citlalli Cid en pleno Zócalo de la capital de Oaxaca y ante la mirada y omisión de policías que atestiguaron y no intervinieron.

En respuesta, la Defensoría detalló que en lo que va del año han iniciado 125 expedientes por agravios contra al menos 74 comunicadoras y comunicadores –entre ellos seis homicidios –, de los cuales 19 fueron contra mujeres y 97 contra hombres; en los otros siete casos los agravios no fueron dirigidos a personas específicas, sino a instalaciones o a la operación de medios.

“Para este organismo es especialmente preocupante el homicidio de seis comunicadores durante el presente año”, advierte y señala que la cifra se corresponde de manera exacta con los seis homicidios cometidos contra periodistas registrados en todo el país durante todo 2014 y los seis de 2015, en ambos casos en cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El documento precisa que el tipo de agravio registrado con mayor frecuencia fue la agresión verbal, con 30 casos, de los cuales 22 fueron amenazas, y de éstas, tres fueron mortales.

La Defensoría indica que el 60 por ciento de los casos fueron señalados como agresores solamente dos tipos de actores: agentes de seguridad y organismos gremiales. Conforme las cifras del organismo, en 43 de los agravios los agresores fueron identificados como agentes de diversas corporaciones policiacas –sea de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, de alguna policía municipal o de la Policía Federal.

La Defensoría considera especialmente graves los señalamientos hacia policías municipales, por lo que el organismo investiga agravios a periodistas consistentes en detenciones ilegales, tortura y ejecución extrajudicial.

En orden de frecuencia, agrega el documento, siguen los agravios por parte de integrantes de centrales sindicales, que ascendieron a 31 en lo que va del año; de ellos, en 25 fueron señalados diversos participantes adscritos a la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación (CNTE), y en otros seis, a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El documento solicita al gobernador que instruya a la Secretaría de Seguridad Pública del estado para ordenar a todos los agentes de sus corporaciones policiacas que se abstengan de causar agravios a periodistas con motivo de su cobertura informativa, brindando también a los agentes el entrenamiento y capacitación necesarios para adoptar lineamientos de conducta sobre el respeto de la libertad de expresión.

Igualmente, el organismo defensor pide instruir a la Secretaría General de Gobierno para que realice las acciones necesarias de conciliación, mediación y sinergia con los organismos gremiales de la CNTE y CTM.

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