Publicada el 18-09-2016 (09:43:16)

Mauricio, de 50 años, es dueño de una pequeña tienda de abarrotes en el Centro Histórico de la capital. El producto estrella de su negocio es el refresco. Más de 400 botellas salen diariamente de su local, lo que equivale a más de seis mil pesos por un solo producto. En 2014 el gobierno decidió aplicar un impuesto especial a este tipo de bebidas, mejor conocido como IEPS. Sus objetivos principales: disminuir el consumo y con esto bajar las cifras de obesidad en el país. Nada ocurrió. “Lo que ha pasado es que ahora se van por marcas más baratas, pero siguen comprando refresco”, cuenta el vendedor.

El dinero obtenido por este impuesto no tiene un fin en concreto. “No existe un mecanismo que permita identificar el destino específico de los recursos recaudados mediante el IEPS”, respondió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante una solicitud de acceso a la información realizada por la Unidad de Datos de EL UNIVERSAL. Hay 53 mil millones de pesos, lo que ingresó entre 2014 y julio 2016, de los que ninguna autoridad puede decir en qué se ocuparon.

Desde 2012 la obesidad se podía considerar como una epidemia en México. La mitad de la población adulta tenía sobrepeso. Para contrarrestar la estadística, el 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que todas las bebidas azucaradas, incluyendo el refresco, tendrían un impuesto de un peso por litro. Con este gravamen se esperaba una reducción en el consumo de hasta 40 litros anuales por persona. Las cifras de 2016 muestran que sólo se redujo seis litros, hay más de un millón de nuevos casos de obesidad y las refresqueras lograron evadir la medida al trasladar el costo al consumidor.

Aplicación del gravamen

En enero de 2014, mes en el que comenzó la aplicación del gravamen sobre bebidas azucaradas, se registraron 24 mil 934 casos de obesidad. Lejos de disminuir, esta cifra fue en ascenso. El punto más alto fue en julio de ese año con 38 mil 72 nuevos reportes.

Existe evidencia científica para asociar esta enfermedad con casos de diabetes, afectaciones cardiovasculares, hígado graso e incluso la aparición de algún tipo de cáncer, aseguran especialistas en temas de salud y nutrición. Estas son las cuatros causas de muerte más común entre los mexicanos.

La epidemia de obesidad se ha agravado en los últimos 20 años, explicó Simón Barquera, director del área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). En 2012 los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición advertían sobre estas cifras elevadas. Por cada 10 adultos siete padecían sobrepeso y cinco obesidad. En niños y adolescentes el problema era similar. El 30% presentaba sobrepeso u obesidad.

El impacto de este impuesto sobre la salud aún no logra las metas esperadas. El primer año de aplicación, 358 mil mexicanos fueron diagnosticados con obesidad. En 2015 fueron 434 mil y en los primeros seis meses de 2016 la cifra ya está en 323 mil, más de 70% de lo reportado un año antes.

Eliminar el refresco de la dieta de los mexicanos es un reto. Joel, de 29 años, es policía auxiliar en la capital, está en la zona del Centro Histórico desde las 10 de la mañana. Su desayuno lo compra en un puesto callejero que vende tortas de tamal y en la tienda de Mauricio, donde va por un refresco de 600 mililitros. “Sí he notado el aumento del precio, pero no importa. Es como una adicción”, admite con una ligera sonrisa. Consumir agua no es una opción, “no me gusta su sabor”.

Durante los siguientes 10 minutos más de tres personas salen de la tienda con un producto en común: una pequeña botella de refresco.

El aumento en los casos de obesidad y la renuencia para abandonar estas bebidas no representa forzosamente el fracaso de la medida, asegura Barquera. “No es un fracaso, porque en caso de que no se hubiera creado puede ser que los casos aumentaran aún más […] Es una ingenuidad pensar que este impuesto va a reducir la obesidad en un año. Esto sólo es una parte de una serie de acciones, pero a nivel internacional se ha comprobado que sí tiene efectos en reducir esta enfermedad”.

Opacidad en cobro

Desde su entrada en vigor, el IEPS ha recaudado más de 50 mil millones de pesos. El pasado 13 de julio, los legisladores perredistas Armando Ríos Piter, Zoé Robledo y Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, propusieron el aumento del gravamen en un 100%, es decir, que pase de uno a dos pesos por litro. Con esto se podrían duplicar las cifras de recaudación anuales, que actualmente rondan los 20 mil millones de pesos.

El senador del sol azteca Ríos Piter presentó a la Auditoría Superior de la Federación un recurso de revisión para conocer el uso que se le ha dado al dinero recaudado. Y aunque la reducción del consumo ha sido bajo, para los legisladores es suficiente. “El impuesto logró que baje poco a poco el número de mexicanos que toman refresco y también generó un ingreso adicional que el gobierno debería estar ocupando en inversiones como la instalación de bebederos en escuelas públicas”.

Este gravamen en particular, y todos los que tienen que ver con el sector salud, deberían ser un ejemplo de transparencia, asegura el legislador. “La gente sentiría que está pagando un impuesto que realmente se usa para contrarrestar este problema de salud pública. Es la única forma de darle legitimidad”, afirma Ríos Piter.

La Unidad de Datos de EL UNIVERSAL solicitó a la Unidad de Transparencia de la SHCP conocer en qué se ha ocupado el dinero obtenido por el impuesto. La respuesta fue que “no existe un mecanismo que permita identificar el destino específico de los recursos recaudados mediante el IEPS a bebidas saborizadas”. En la Ley de Ingresos de la Federación se establece que el impuesto debería destinarse a programas de combate a la desnutrición, atención de enfermedades relacionadas con el sobrepeso. No hay registros claros que confirmen estos datos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se otorgaron 589.10 millones de pesos al programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. Entre enero y junio de 2016, el IEPS sobre bebidas azucaradas recaudó 23 veces lo equivalente al presupuesto de este programa.

En lo referente a la instalación de bebederos en escuelas, apenas este año el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) publicó las convocatorias de licitación para instalar bebederos en 11 mil planteles de educación básica del país. Hasta la fecha se han adjudicado contratos para poner en marcha seis mil bebederos. El INIFED dio a 12 empresas 686 millones 965 mil 816 pesos, es decir, el 1% de los 50 mil millones que han sido recaudados por el impuesto a refrescos.

“El dinero debería ser usado para generar infraestructura hospitalaria, en construir gimnasios y dar mantenimiento a los parques para fomentar la actividad física, en educar a la población sobre los riesgos del consumo excesivo de azúcar y en garantizar el libre acceso al agua potable”, explica el economista Alfonso Miranda.

Pagan más los que menos tienen

Mauricio abre su tienda desde las nueve de la mañana. En su pequeño local apenas caben tres refrigeradores llenos de bebidas. En los últimos cuatro años ha visto cambiar los gustos de su clientela. Es mejor pagar menos, pero no quedarse sin refresco. “El consumo va de acuerdo al ingreso. Marcas que antes nadie probaba, por el sabor tan feo, ahora están tomando fuerza entre la clase baja”.

El impuesto sobre las bebidas azucaradas esencialmente tendría que ir sobre la producción, pero la variación en el precio de los refrescos a partir del cobro del gravamen ilustra el traslado de la carga fiscal al consumidor final. En 2014 este producto tuvo un aumento de 15% en su costo, según datos de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC). En el área metropolitana de la capital, el precio por litro de refresco de cola, el más consumido, aumentó un peso con 11 centavos entre diciembre de 2013 y enero de 2014, de acuerdo con los datos del Inegi. Desde entonces ha aumentado otros dos pesos con 46 centavos.

“Esta variación al precio del producto estaba prevista y era necesaria para intentar que impactara en la demanda”, explica Miranda. Las ventas del sector se redujeron 2% en 2014, mientras que en 2015 sólo bajaron 0.2%, según los datos con los que cuenta la ANPRAC y que vienen de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera que es realizada por el Inegi.

La pequeña reducción en el consumo, en opinión de Miranda, indica que el impuesto podría estar funcionando, pero resulta imposible conocer el impacto que tendrá a largo plazo en materia de salud, pues no se está invirtiendo en estudios de seguimiento.

Simón Barquera explica que la medida podría ayudar a la economía nacional. “Si dejan de consumir miles de toneladas de azúcar, disminuyen las enfermedades y el ausentismo laboral. Aumenta la productividad y la gente tiene más recursos. Una enfermedad como la diabetes es catastrófica para una familia de escasos recursos”.

En una de las calles del Centro Histórico los paseantes no se ponen a pensar en esto al momento de entrar a la tienda de Mauricio. “Es un pequeño vicio”, “Si vuelve a subir, ya lo pensaría”, dicen algunos de los compradores de refresco más asiduos.

Con información de: El Universal

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