Las protestas de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuarán hasta que haya justicia para las víctimas de la balacera en Nochixtlán y el Estado mexicano ofrezca una disculpa por la represión cometida.

Así lo dijo el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, quien añadió que a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dirigida por Roberto Campa, se están dando los pasos “adecuados y necesarios” para alcanzar en el corto plazo una paz duradera para Oaxaca.

Sin embargo, falta el anuncio oficial de la conformación de la fiscalía especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer los hechos.

El 22 de julio, Roberto Campa informó que se estaba analizando la posibilidad de la creación de dicha fiscalía especial.

“Creemos que hay un paso transcendental al hacer valer la PGR sus facultades de atracción de la investigación por los hechos”, dijo Peimbert Calvo.

La DDHPO es un organismo publico autónomo del Estado mexicano con personalidad jurídica propia, cuyo objeto es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos y la no discriminación en Oaxaca.

El organismo ha trabajado para que los heridos por la acción cometida por las fuerzas federales y estatales de seguridad en el sitio de Nochixtlán, del pasado 19 de junio, tengan la atención medica especializada en unidades médicas en la Ciudad de México.

Así mismo, labora en la parte jurídica para aportar pruebas y elementos que permitan avanzar en las indagatorias y se logre el castigo de los responsables por las ocho muertes registradas, según la versión oficial.

Peimbert se quejó, sin dar mayores detalles, de ser víctima de amenazas e intimidaciones por parte de funcionarios del gobierno de Oaxaca, quienes han visto con desagrado –según él– su actuación en el caso Nochixtlán.

Peimbert se quejo, sin dar mayores detalles, de ser víctima de amenazas e intimidaciones por parte de funcionarios del gobierno de Oaxaca, quienes han visto con desagrado –según él– su actuación en el caso Nochixtlán.

Con información de Milenio

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