El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslindó de los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte y Quintana Roo, Roberto Borge, quienes han sido señalados de actos ilicítos por los mandatarios de oposición que ocuparán sus lugares.
En un comunicado, el tricolor reiteró que nadie debe actuar por encima de la ley y que no tolerará ningún acto fuera de la ley de ninguno de sus militantes.
En referencia a las solicitudes para que se investigue a estos gobernadores que han hecho el PAN y el PRD, la dirigencia priista respondió que se requiere autoridad moral y credibilidad para hacer estos planteamientos, y los instó para atender sus propios asuntos, como los casos de los panistas Guillermo Padrés, en Sonora, y Margarita Arellanes, en Monterrey, Nuevo León, así como del exgobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre.
“Todos los partidos políticos deben asumir la crisis que actualmente vive el sistema de partidos y proponerse enmendar de fondo y responder a la ciudadanía para avanzar en la credibilidad y en el trabajo político real que demanda la ciudadanía de todo el país”, comentó.
No es la primera vez que el PRI se deslinda de estos personajes. El 29 de junio pasado, la presidenta nacional Carolina Monroy afirmó que cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad.
“El partido de ninguna manera habrá de respaldar un solo acto u omisión contrario a la legalidad. Repito, el estado de Veracruz tendrá todo el respaldo institucional dentro de los márgenes que establece y los límites que señala la propia ley”, dijo Monroy del Mazo en conferencia de prensa.
La semana pasada, la dirigente interina del partido insistió en que ellos no responden por nada que esté fuera de la ley.
“No solapamos, no respaldamos, no acompañamos un solo hecho que salga de la legalidad cada quien responde por sus hechos (…) El PRI no lo hará por nadie”, comentó.

El blindaje exprés
Ante las acusaciones que han hecho los próximos gobernadores contra Duarte y Borge, éstos han emprendido acciones para “blindarse” de posibles acusaciones e investigaciones por manejo indebido de recursos públicos y otras prácticas deshonestas, a través de la designación de personajes “a modo”.
El gobernador quintanarroense ha sido acusado de hacer del estado uno de los más endeudados, así como de presuntos negocios ilícitos. Su administración también ha encarado señalamientos de supuestos abusos a los derechos humanos y a la libertad de expresión.
La semana pasada Expansión, junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó una investigación que muestra cómo empresas y particulares han sido despojados de bienes inmobiliarios a través de una red que involucra a funcionarios públicos cercanos a Borge.
Javier Duarte ha sido acusado de tener presuntamente una red de prestanombres que poseen en conjunto propiedades con valor de 3,000 millones de pesos, así como de cargar gastos personales al erario por más de 300,000 pesos mensuales, y de otros desvíos de recursos del sector salud a la campaña del PRI en el estado por al menos 30 millones de pesos.

Con información de Expansión

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