Unas 22 organizaciones de la sociedad civil concluyeron un informe preliminar sobre los hechos del 19 de junio en Oaxaca, en que confirmaron graves violaciones a derechos humanos y el asesinato de ocho personas, seis de ellas por armas de fuego, en Asunción Nochixtlán; Hacienda Blanca, San Pablo Etla, y Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez.
Ello derivado del intento de policías federales y estatales de retirar bloqueos carreteros en dichos lugares, lo que generó un enfrentamiento con maestros de la Sección 22 de la CNTE y simpatizantes.
El documento fue dado a conocer hoy por Servicios para una Educación Alternativa A.C. (Educa) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código DH), en que precisan además que dos asesinatos que ocurrieron en Juchitán de Zaragoza en la misma fecha no están relacionados con los enfrentamientos; indagan también tres crímenes más, de acuerdo con diversos reportes hasta ahora no confirmados.
La mayoría de los muertos el 19 de junio son jóvenes, siete de ellos ocurrieron en Nochixtlán, de los cuales seis fueron con armas de fuego; uno más en Trinidad de Viguera, también con arma de fuego.
Fueron identificados como Jesús Cadena Sánchez, de 19 años;  Óscar Luna Aguilar, de 23 años;  Yalid Jiménez Santiago, de 29 años;  Omar González Santiago, de 21 años, por herida en región parietal; Anselmo Cruz Aquino, de 33 años, por lesiones en región mentoniana; Óscar Nicolás Santiago, de 21 años, y Silvano Sosa Chávez, de 40 años, por choque hipovolémico.
En Viguera, Jovan Azael Galán Mendoza, de 18 años, por arma de fuego. En hechos no relacionados con enfrentamiento con policías, registran a Elidio Ramos Zárate, reportero de un diario de la región, y Raúl Cano López.
En los tres lugares en que ocurrieron las confrontaciones verificó graves violaciones a las garantías, por lo que exhortó a las autoridades a “evitar a todo costa de cualquier otra violación a los derechos humanos; en especial de víctimas, heridos y sociedad en general afectados en los hechos del 19 de junio”.
Agregó que lo anterior implica evitar nuevos actos violentos con participación de agentes del Estado o con su aquiescencia.
Demandó realizar una investigación exhaustiva e imparcial que deslinde responsabilidades penales y administrativas de los servidores públicos involucrados en los hechos.
Con información de El Universal

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