La gravedad de la situación que se vive en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, nos obliga a volver aquí sobre la cuestión magisterial, precisamente porque nadie debería eludir asumir una postura clara en un asunto que a todos nos compete.
La Reforma Educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto es mucho más que una reforma estructural, es una verdadera Reforma de Estado. Lo es porque se erige sobre la piedra de toque del pacto constitucional fundacional de nuestra nación; porque es una materia que involucra a la sociedad, a los padres de familia, a la comunidad educativa y a los tres ámbitos de gobierno de la federación; porque representa la más sentida demanda ciudadana para superar carencias e igualar oportunidades; y porque emana del más amplio consenso partidista, político y parlamentario jamás logrado en la moderna democracia mexicana.
El abierto desafío a las instituciones que ahora encabezan la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el partido Movimiento Regeneración Nacional, desde las regiones más atrasadas del país, amerita una respuesta de la misma envergadura. La franca provocación al orden público, la clara amenaza a la estabilidad social y la criminal afectación que están generando las movilizaciones, bloqueos y motines organizados por la CNTE en la zona del Istmo, plantean un dilema perverso que habrá que desmontar con la fuerza de la razón y el herramental de la política.
La fuerza del entramado político tejido por un sindicalismo corrupto, la resistencia al cambio arraigada en décadas de molicie de buena parte del magisterio, la capacidad de movilización social alimentada por la complicidad de intereses, el miedo o la ignorancia, hacen de la intervención de la fuerza pública un expediente sumamente delicado.
En esta ecuación infame es que se han pertrechado la socarronería y el cinismo de los líderes de la CNTE que responden a la CNDH acusando “a las autoridades de estar moviendo a la opinión pública hacia la necesidad de garantizar alimentos y combustible para la población, aunque sea con el uso de la fuerza, cuando sus protestas se han hecho en el marco de sus derechos constitucionales”.
Vaya desfachatez la de esta gente, cuando todos los medios de comunicación dan testimonio de los bloqueos carreteros que han provocado el desabasto de cientos de miles de familias y vehículos y han infligido daños incuantificables y aún irreversibles al aparato productivo, la industria turística y los sistemas de salud.
Lo más lamentable de todo este episodio es el papel que vienen jugando en el conflicto Andrés Manuel López Obrador y de manera timorata algunos dirigentes locales del Partido de la Revolución Democrática. Porqué el sempiterno líder moral de Morena está arriesgando su capital político, apostándolo todo al retroceso en una reforma vital para el progreso de la sociedad y sirviendo de correa de trasmisión a una coalición de intereses tan nefanda, es algo que se explica sólo por la probable existencia de antiguos compromisos y lazos inconfesables.
La respuesta al desafío de la CNTE a la República no pueden darla sólo las autoridades federales. Es preciso que la sociedad entera se movilice para solidarizarse con el pueblo del sureste mexicano. Que los poderes públicos locales asuman plenamente su responsabilidad institucional. Y que el Congreso de la Unión se exprese firmemente en apoyo al Ejecutivo y coadyuve en la construcción de un nuevo capítulo de un Pacto por un México con Educación de Calidad.

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