+ La crisis magisterial tiene como fondo la ilegitimidad de la representación

+ Ley educativa es legal, pero ilegítima; CNTE padece mismo cuestionamiento

Es increíble cómo la discusión pública alrededor del conflicto magisterial de Oaxaca, y del sureste del país, difícilmente logra pasar de la controversia sobre si la reforma educativa es en realidad una transformación administrativa o laboral, o sobre la representación que puede tener la Sección 22, o la CNTE, del pueblo de Oaxaca, o del sentir de la mayoría de la población en la región donde ocurre el conflicto social. No alcanzamos a ver que en realidad lo que existe es un enorme problema de legitimidad, porque ni los mexicanos nos sentimos legítimamente representados por quienes aprobaron la reforma educativa, como tampoco por quienes dicen luchar por nosotros desde la Coordinadora.
En efecto, hasta ahora uno de los puntos del análisis versa sobre si la reforma educativa es en realidad educativa, o si es en realidad una reforma laboral o de tipo administrativa de los trabajadores de la educación. Otra vertiente del análisis gira alrededor de si el Estado comete o no represión cuando intenta actuar en situaciones como las que se viven en Oaxaca y Chiapas. Y una más, incluso, pretende dilucidar qué tan legítima es la lucha emprendida por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y por qué ésta sí representa al grueso de la población.
Vale decir, en el primero de los casos, que indudablemente esta reforma emprendida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es de administrativa y laboral para los trabajadores de la educación en el país.

 

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