Parecería que el gobierno no logra superar el trauma causado por los abusos que cometió el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz al enfrentar una protesta estudiantil que, en los bordes, tenía extremos verdaderamente graves.
Un larguísimo camino se ha recorrido en materia democrática dentro de las instituciones. Hoy la alternancia se ha convertido en la moneda cotidiana, el país está abierto a todas las formas de expresión y crítica a las instituciones. El principal peligro de la libertad de expresión son los grupos delincuenciales, no las instituciones que deberían cumplir cabalmente con el mandato constitucional que tienen.
Ha llegado el momento de que el gobierno cumpla con su misión de aplicar el uso legítimo de la fuerza en contra de aquellos quienes, escondidos en la protesta social, dañan a la población. Que, con impunidad total, dañan los derechos humanos y de propiedad de la sociedad y, en particular, de aquellos quienes menos tienen.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Andrés Manuel López Obrador, de una forma cobarde, provocan a la sociedad y al gobierno con bloqueos, marchas y plantones, apoyado por un discurso beligerante y provocador, no retan al gobierno de Enrique Peña Nieto sino a todos los mexicanos.
La Reforma Educativa fue aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión y, como se trata de un cambio a la Constitución, tuvo el voto mayoritario de los Congresos de los estados, es decir, se trata de una forma perfecta de la democracia que la inmensa mayoría de los mexicanos deseamos.
El Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Juan Pablo Castañón, ha tomado la voz de los micro y pequeños empresarios de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, quienes son afectados por los actos ilegales y que bordean con el terrorismo de la CNTE, apoyada por Morena y grupos que abiertamente están en guerra contra la forma de vida elegida por la mayoría de los habitantes.
Sin embargo, los más afectados son niños que no reciben educación y, por lo tanto, están viendo dañado de una manera irreparable su futuro. Y las personas que tienen que pagar sobreprecios por productos básicos o litros de gasolina que llegan a 50 pesos por litro.

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