20426119. México, D.F.- Durante la sesión ordinaria en el Senado de la Republica. NOTIMEX/FOTO/BERNARDO MONCADA/BMR/POL/

El Senado de la República, aprobó sin ninguna modificación, el “veto parcial” enviado por el presidente de la República a 10 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con lo que se exenta a los empresarios de presentar su 3 de 3 en caso de ejercer recursos públicos.

Fue aprobada en lo general con 80 votos a favor, 19 contra y cuatro abstenciones, mientras que en lo particular con 77 votos en pro y 22 en contra, después de rechazar discutir en las reservas propuestas con la legisladora del PRD, Dolores Padierna.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, aseguró que con estas reformas que envía el presidente Enrique Peña Nieto, no se exime a la iniciativa privada y a los contratistas de la responsabilidad que tienen.

Dijo que en las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, existen más de 40 artículos respecto a las obligaciones y sanciones a los particulares que ejerzan recursos públicos.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, reconoció que la redacción del artículo 32 permitía una interpretación discrecional.

Consideró urgente avanzar en una legislación para establecer los controles de los cuales deben ser sujetos los beneficiarios de los contratos de obra y adquisiciones de los distintos órdenes de Gobierno.

“No basta con una promesa que ha hecho algún sector del Consejo Coordinador Empresarial, para emitir un código de ética  -que ojalá se establezca y se cumpla-, pero los códigos de ética en el campo de la administración pública no tienen valor legal ni mecanismos de sanción a las actividades delictivas o las faltas administrativas que pudieran presentarse”, advirtió.

Destacó que uno de los principales méritos del veto presidencial es que el Ejecutivo demuestra que se pueden revisar las leyes, “que las leyes no son de una vez y para siempre, y que se pueden reformar las reformas”.

“Qué bueno que pudiéramos hacer ya una revisión de la Reforma Educativa, y que el magisterio mexicano tuviera el mismo tratamiento que los empresarios del país”, advirtió el senador Encinas Rodríguez.

La senadora del PAN, Pilar Ortega, coincidió que la redacción del artículo 32 en los términos en que fue aprobado por el Congreso tiene aspectos riesgosos en materia de legalidad, lo que hizo necesario aprobar las adecuaciones planteadas por el Ejecutivo Federal a la Ley General de Responsabilidades en torno al citado artículo 32, a efecto de evitar una vulneración a los derechos humanos.

Carlos Puente, coordinador de los senadores del PVEM, dijo que en su grupo parlamentario se mantendrán  firmes, y los cambios propuestos por el Ejecutivo, no significan que los particulares estén exentos de sus obligaciones frente al Estado en materia de combate a la corrupción.

“Sin embargo, toda obligación o restricción a sus derechos debe ser racional, proporcional y atender a supuestos específicos. Las personas morales y las personas físicas que realicen actos de corrupción, serán castigados. En el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción no hay lugar para la impunidad y los particulares son sujetos obligados a cumplir con deberes específicos”, advirtió.

El senador del PRD, Zoé Robledo manifestó que no es la primera vez que se echa para atrás una parte de una de las reformas estructurales.

Recordó que por la vía del amparo, el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se tuvo que reformar.

“Pero ya reformamos una de las reformas estructurales, de estas reformas grandes que han prometido tanto y que han cumplido con tampoco. Entonces, si hoy hay un veto aquí, pues entonces atrevámonos a pensar que puede haber veto en otros lados, atrevámonos a pensar que puede haber contrarreformas, atrevámonos a pensar que puede este Senado seguir vivo en la confección de correcciones a las leyes que no están funcionando en nuestro país”.

La priista Lisbeth Hernández, señaló que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas están previstos los instrumentos normativos necesarios, para prevenir y sancionar cualquier acto de corrupción en el que se vean involucrados los particulares.

“Es por ello que se considera que las observaciones del titular del Poder Ejecutivo resultan pertinentes, además de que en nada merma la eficiencia del sistema para prevenir y combatir la corrupción”.

Las únicas reservas que se dieron al dictamen, fue de la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, quien solicitó que así como se hizo una excepción para reformar las leyes ya aprobadas del Sistema Nacional Anticorrupción ante la “presión” de los empresarios, el presidente Enrique Peña, debería ser congruente y escuchar también a los maestros para permitir modificaciones a la Reforma Educativa.

Con información de 24Horas

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