Pero hay otro tipo de dificultades, sin la complejidad de las mencionadas anteriormente, que sólo requerirían la mano firme del gobierno federal para resolver problemáticas que, de no solucionarse, estallarán. Me refiero a conflictos causados por la resistencia, no de vastos conglomerados laborales o comunitarios, como los de los conflictos mencionados anteriormente, sino grandes empresas que se resisten a cumplir normas mínimas de convivencia. Tal es el caso del conflicto creciente entre Grupo México, dueño de la mina Buenavista del Cobre, entre las seis más grandes productoras de cobre del mundo, y la serie de poblados a la vera del río Sonora, afectados por el vertido de contaminantes hace casi dos años.
El pasado 7 de junio, el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, aprobó por unanimidad exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a informar puntualmente sobre las causas de un nuevo accidente laboral en el que perdieron la vida tres trabajadores de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora.
El Congreso, también, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que “remita a esta Comisión Permanente un informe sobre las medidas dictadas para la reparación del daño ambiental que causó Grupo México con el derrame de sulfato de cobre que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi, así como el arroyo Tinajas y la presa El Molinito. En el informe que se rinda ante esta Comisión Permanente se deberá comunicar el estado de cumplimiento y las sanciones aplicadas hasta esta fecha”.
Me temo que la Semarnat tendrá poco que informar a los legisladores: Grupo México ha cumplido poco y mal. Más allá de los fondos de emergencia que se entregaron a los productores y habitantes locales afectados, a mediano y largo plazos el compromiso más importante tanto de las autoridades como de la empresa mencionada es garantizar que los habitantes de los poblados del río Sonora puedan disponer de agua de calidad. Para ello, la empresa se comprometió a financiar 28 plantas potabilizadoras de agua. A casi dos años del derrame, sólo se ha terminado una planta, la del poblado más afectado, Bacanuchi, con retardos en los pagos. ¿Qué sucede con las otras 27?
Aunque las mediciones de metales aparecen  normales cuando se trata del agua que corre, los resultados son otros cuando se trata de sedimentos, especialmente de aluminio, manganeso y otros cinco metales. Dos años son poco tiempo para un fenómeno tan perturbador del medio ambiente y la salud, como lo fue el derrame de agosto de 2014. No se sabe bien cuáles serán las consecuencias en la salud y en las actividades agrícolas causadas por estos sedimentos. Por ejemplo, por los sedimentos con metales las autoridades han prohibido a productores de la zona agrícola en las cercanías de El Molinito, presa reguladora que afecta a Hermosillo, a extraer agua, lo que ha colapsado la producción de hortalizas.
Otro de los compromisos esenciales fue el de la construcción de una Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas) en Ures, que estaría lista en 2015 y que todavía no puede inaugurarse. Con todo, lo más importante es el desarrollo de un sistema de monitoreo y verificación permanente de las actividades mineras de la región para prevenir y evitar desastres como el mencionado.
¿Será tan difícil que las autoridades, comenzando por la Semarnat y la Cofepris, obliguen a Grupo México a cumplir sus compromisos? ¿Será tan difícil que ellas mismas cumplan y hagan cumplir? Seguro que es más fácil que dialogar con la CNTE.

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