Hoy más que nunca el diálogo es condición de gobernabilidad para México; sin embargo, dialogar supone construir parámetros de confianza y credibilidad, ingredientes que al menos el sector más beligerante de la agenda política nacional no parece dispuesto a asumir.
El contexto es conocido: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha convertido en un movimiento social que enfrenta abiertamente el Estado de Derecho, aliado con estructuras de organizaciones extremistas en varias entidades del país, pero también con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a cuya cabeza se encuentra Andrés Manuel López Obrador.
El punto de mayor confrontación del gobierno federal con la CNTE se presentó en el contexto de la Reforma Educativa, rechazada por el magisterio disidente y sus aliados. Durante meses ha habido una dinámica de enfrentamiento que orilló al Estado a desarticular el soporte financiero de la Coordinadora centrado en el control que tuvo durante años del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), al cual se agregó la detención de algunos de sus líderes por diversos delitos.
Luego de los sucesos del pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, donde varios pobladores perdieron la vida durante el desalojo policíaco de una carretera organizado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el gobierno federal tomó la determinación de abrir una mesa de negociaciones con ese sector radical, a quienes pocos creen que en realidad luche por el mejoramiento de la educación pública.
Sin embargo, las primeras reuniones de diálogo y negociación, realizadas en la Secretaría de Gobernación, no parecen hacer entender a la CNTE y sus aliados que dialogar no significa irse a sentar en una mesa para lanzar mensajes de civilidad en el momento en que sus huestes se proyectan violentamente, sino que dialogar requiere enviar mensajes creíbles de comunicación, lo cual no ha sucedido.
En las pasadas elecciones del 5 de junio los oaxaqueños eligieron nuevo gobernador y le dieron a Alejandro Murat el mandato de recuperar la actividad económica de la entidad así como de garantizar la paz social. Eso se entendió en el equipo del presidente Enrique Peña Nieto pero no parece suceder igual en los líderes de esta disidencia obsesionada por anular una decisión del Poder Legislativo federal, ya que exigen la intromisión de otro Poder (en este caso el Ejecutivo) para anularla, al tiempo que han sostenido sus protestas afectando los derechos y las libertades de miles de personas en las ciudades donde han elegido manifestarse.
¿Se puede dialogar así? ¿Se puede creer en un afán genuino de búsqueda de soluciones a este diferendo? Es sintomático, por ello, que el desafío a la gobernabilidad se realice con opositores que reciben sus ingresos de parte del propio Estado. Por un lado los profesores afiliados a la CNTE, que cobran sus quincenas con partidas públicas y, del otro lado, el hecho de que la organización Morena también se financia con recursos públicos entregados por el Instituto Nacional Electoral.
Como puede comprenderse, se trata de un escenario que requiere la mayor de las paciencias y una estrategia de bisturí para ir acompasando la atmósfera que logre la indispensable distinción.
Y es que este affaire no es el único que demanda soluciones negociadas. Hay otros puntos rojos que igualmente requieren de la construcción de atmósferas en donde el temperamento de paso al temple racional. Uno de ellos es el combate a la pobreza, la protección de la salud y la generación de nuevas fuentes de trabajo.
En esta confrontación donde el propio Peña Nieto ya advirtió que su gobierno evitará caer en las provocaciones de la CNTE y sus aliados, hace falta que crear los contextos de convivencia que nos rescaten de esos escenarios por los cuales el extremismo encuentra condiciones para manifestarse.
Los más recientes sucesos de la CNTE la proyectan desesperada, un estado anímico que el gobierno federal no puede darse el lujo de imitar, mucho menos porque –por más irónico que resulte- los profesores disidentes son sus empleados, son trabajadores al servicio del Estado.
Habitualmente se asume que toda negociación tiene sus tiempos. La tarea del gobierno federal radica en mantener su dignidad como fuerza institucional pero también sensibilidad y madurez, ya que el conflicto generado por la disidencia magisterial parece proyectarse a largo plazo. La pregunta es qué tanto el gobierno del presidente Peña Nieto está dispuesto a resistir este desafío.

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