En un reciente estudio sobre los compromisos de política exterior de los países de Latinoamérica con respecto a la democracia y los derechos humanos, encontramos tres patrones de comportamiento distintos. Existen los “liberales”, como Chile y Costa Rica, que, ya sea en foros internacionales o regionales, han votado de forma consistente para denunciar violaciones de derechos humanos en países como Siria y Corea del Norte y además han cooperado voluntariamente con las organizaciones multilaterales de la región en relación con inquietudes en materia de derechos humanos en sus propios países. También tenemos a los que denominamos “díscolos”, como Venezuela y Cuba, que votaron con consistencia en contra de cualquier crítica a los derechos humanos en cualquier país, incluyendo en contra de Siria, Corea del Norte o Ucrania y que se abstuvieron de expresar sus preocupaciones con respecto a otros países junto con República Dominicana. Como era de esperarse, estos gobiernos despreciaron igualmente los instrumentos internacionales y regionales para proteger la libertad dentro de sus propias fronteras. Y por último, están los “facilitadores”, los que, como Brasil, prefieren darle prioridad a la no intervención y a menudo se abstienen en las votaciones importantes sobre Siria, Corea del Norte y Ucrania.
Sin embargo, entre estas tres categorías descubrimos una cuarta: los estados que defienden los derechos humanos en los foros internacionales pero que se muestran sensibles y susceptibles cuando se trata de los derechos humanos en sus propios países. ¿Cuáles son estas naciones? Argentina (bajo los Kirchner) y México.
Gran parte de la postura exterior de México en apoyo a los derechos humanos procede de la dirección estratégica de Jorge Castañeda durante su breve periodo como ministro de Asuntos Exteriores (2000-2003) en la administración del ex presidente Vicente Fox. La idea era cambiar la postura histórica de México de no intervención y de guardar silencio en la escena internacional, a un sólido y activo compromiso con los derechos humanos. El propósito era crear una plataforma y darle una voz a un país que él creía que estaba listo para hacer valer su liderazgo a nivel mundial. Pero Castañeda también quería que tuviese un efecto búmeran: al apoyar a los derechos humanos más allá de sus fronteras, México se vería obligado a proteger mejor estos derechos en el país después de más de 70 años de un sistema cerrado de partido único.
Por desgracia, tal como lo revela nuestro estudio y los acontecimientos recientes, el búmeran no ha podido regresar a México. El ejemplo más claro de las difíciles relaciones de México con los derechos humanos a nivel nacional es la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Cuando surgieron preguntas sobre la investigación del gobierno y la culpabilidad de los sospechosos detenidos, el Estado mexicano y las familias de los estudiantes desaparecidos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formar y enviar un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para revisar los hallazgos del gobierno y la evidencia que rodea el misterioso suceso.
Conformado por un grupo de destacados juristas, la delegación concluyó que la investigación y las conclusiones del gobierno sufrían de profundas fallas.
A pesar de haber sido invitado por el gobierno, las autoridades mexicanas arremetieron en contra del grupo con respecto a los hallazgos. Los funcionarios del gobierno no sólo cuestionaron las conclusiones del informe, sino que el procurador general de la República brevemente impugnó los motivos del secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza (también mexicano), por fraude. Y mientras que la OEA defendió a la Comisión y su labor, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en contra de los deseos de las familias de las víctimas, informó al público que el trabajo del GIEI había finalizado y que tendrían que irse en abril.
En resumen, en un organismo de la ONU en Ginebra y en otros países, el gobierno mexicano se ha convertido en un firme defensor de los derechos humanos. Eso en sí mismo no es nada fácil. Sin embargo, el compromiso diplomático y moral del Estado mexicano con la soberanía popular y el derecho de las organizaciones internacionales de defender los derechos humanos lamentablemente no se extiende a sus propias fronteras. Y dada la triste situación en el país con respecto a las batallas entre los grupos narco-criminales y las Fuerzas Armadas mal preparadas para hacer su nuevo trabajo, aquí es donde México más necesita prestar atención en materia de derechos humanos: siendo un defensor “liberal” de las demandas de derechos humanos, respetando los mismos instrumentos e instituciones internacionales en su propio país que afirma defender en el extranjero.

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