El pasado 28 de junio, el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que los siete asesinatos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca (perpetrados en el marco de un operativo conjunto de las policías Federal y Estatal realizado el 19 de junio), serán esclarecidos a partir de los peritajes que ya se realizan en la zona.
Esos peritajes, sin embargo, no están a cargo de las autoridades federales, sino de la Fiscalía General de Oaxaca, la cual cuenta con una oficina permanente en Nochixtlán, a pesar de lo cual, sus investigaciones iniciaron formalmente el 24 de junio, es decir, cinco días después de los hechos.
Javier de la Fuente, quien fue nombrado como “fiscal especial para el caso Nochixtlán”, informó el pasado 24 de junio que la tardanza en iniciar las investigaciones se debió a que “la gente estaba muy enojada y molesta con todo lo que fuera gobierno del estado y gobierno federal”, por lo que “ante esas condiciones, indudablemente la sensibilidad humana debe prevalecer”.
Durante los cinco días que las autoridades tardaron en iniciar las diligencias, las evidencias de los ataques contra la población civil quedaron sin resguardo y, en algunos casos, fueron sepultadas, arrastradas o borradas por la lluvia.
Debido a ello, los peritos de la Fiscalía de Oaxaca que acudieron a Nochixtlán el pasado 24 de junio sólo pudieron recuperar una bala 9 milímetros (sin casquillo), y tres casquillos calibre .223, para armas largas, tal como pudo constatar Animal Político el día de las diligencias.
Esta “inspección pericial” inició a las 14:40 en la gasolinería ubicada junto al bloqueo carretero de Nochixtlán, lugar en el que videos captados durante el operativo exhiben a policías federales disparando sus armas de fuego.
La búsqueda se realizó sin que la zona fuera acordonada, debido a que ya había pasado demasiado tiempo sin protección, y luego de que los peritos se retiraron –40 minutos después–, este punto quedó sin ningún tipo de resguardo.
La segunda fase de los peritajes realizados consistió en una breve plática con familiares de las personas que fueron asesinadas el 19 de junio en Nochixtlán, en los puntos donde estas víctimas fueron atacadas, y luego todas estos familiares fueron trasladados a las oficinas de la Fiscalía en esta población, para que rindieran su declaración ministerial.
Durante estos peritajes, la Fiscalía no pudo determinar el lugar exacto en el que murieron las víctimas, tampoco la hora en la que sucedieron los hechos.
Además, estas inspecciones oficiales tampoco incluyeron una revisión del palacio municipal de Nochixtlán, en cuya azotea fueron abandonados cuatro uniformes de la Policía Estatal, junto a dos cajas de balas .223, es decir, el mismo tipo de municiones que se encontraron percutidas en la zona de la gasolinería.
A pesar de ello, el pasado 30 de junio, el subsecretario de Derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que las autoridades ministeriales están haciendo una “investigación exhaustiva y transparente” para esclarecer lo ocurrido el 19 de junio en Nochixtlán.
Campa, además, insistió en que las indagatorias que realizan las autoridades ministeriales están basadas en “evidencia científica para tener plena certeza sobre lo sucedido y deslindar responsabilidades”.
Aunque la Fiscalía de Oaxaca está al frente de las investigaciones, ya que el delito de homicidio se persigue en el fuero común, la Policía Federal no ha proporcionado las armas que sus elementos utilizaron durante el operativo, y es esta misma corporación federal la que investiga si alguna de estas armas fue usada para asesinar a alguna de las víctimas.
Por su parte, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, anunció el pasado 1 de junio que ya integró “27 carpetas de investigación” en torno a lo ocurrido en Nochixtlán y “estamos colaborando con la Fiscalía (estatal) en todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de esos hechos violentos”.
Preservación de evidencias
Cerca de la carretera federal México-Oaxaca que los maestros de la CNTE mantenían bloqueada, el pasado 19 de junio murieron tres civiles.
Anselmo Cruz recibió un disparo en la quijada que le atravesó el pulmón. Yalid Jiménez y Jesús Cadena fueron baleados con minutos de diferencia.
Seis días después de los hechos, los familiares de estos tres jóvenes hacían guardias en el lugar donde cayeron sus seres queridos, en el intento de preservar las evidencias, una gorra, un pañuelo, y un charco de sangre, en espera de que los investigadores acudieran a tomar nota de ellas.
Cinco días esperaron estas familias, plantados en el campo de cultivo donde se desangraron sus hijos y hermanos, hasta que la Fiscalía de Oaxaca se decidió a acudir a Nochixtlán.
Para entonces, sin embargo, la lluvia ya había borrado la sangre que se había acumulado, y que marcaba el punto exacto donde cayeron las víctimas.
“Se ha perdido evidencia”, lamenta X., testigo del triple homicidio.
En un descuido “alguien movió de lugar una gorra que era de una de las víctimas, y una mancha de sangre fue diluida por la fuerte lluvia” que hubo antes de las diligencias.
Todo ocurrió en menos de cinco minutos, narra X.
Anselmo y Yalid estaban pecho tierra cuando recibieron los disparos. Jesús se levantó, tal vez porque quería correr para escapar, pero fue baleado y murió minutos después.
X. y la madre de Yalid aguardan, impacientes, a que el fiscal Javier de la Fuente y su equipo de peritos terminen de deambular por la carretera, y se acerquen al punto que vienen resguardando desde hace cinco días.
Y mientras esperan, la madre de Yalid echa fuera su rabia y su tristeza. “Estos diablos –dice, en referencia a los policías– vinieron a matar a un ser humano… eso es lo que a mí me duele como madre. No se vale, ¿qué tipo de gobierno tenemos? (…) Mi hijo no venía armado, venía para ayudar a la gente, y estos desgraciados, a la mejor no tuvieron el dolor de madre (…) Ese día venía yo a la plaza, al mercado, y me voy encontrando con este dolor. Esto no se va a quedar así, por lo más humilde que sea, mis lágrimas jamás me las van a pagar.”

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