¿A DH no importan periodistas y
policías asesinados por la CNTE?
Llegó la lumbre a los aparejos de los capos y sicarios del Cártel de la Sección XXII de la CNTE.
Otra vez la base de los trabajadores de la educación se volvió a equivocar. Fueron utilizados.
Nuevamente los dirigentes públicos y clandestinos de la CNTE tuvieron una mala lectura de la realidad política. Manuel Andrés López Obrador (MALO) les volvió a utilizar. No entienden. Son carne de cañón de los partidos políticos. En el pasado fueron votos cautivos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Son ‘idiotas útiles’ de El Peje y ‘compañeros de viaje’ del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Ayer, mataron la gallina de los huevos de oro sólido en el viejo IEEPO.
Hoy, una vez más, estiraron la liga hasta romperla. Es inminente el uso legítimo de las fuerzas federales por el Estado para desbloquear las carreteras. Hipócritamente se rasgan las vestiduras.
Farsantes, ponen el grito en el cielo y acusan a sus víctimas de victimarios. El abogado de la CNTE y de la Sección 22 dijo que la advertencia de desalojo de Segob violaría la Constitución.
Llegan al extremo del cinismo de acusar al gobierno Federal de violar la Constitución si utiliza la fuerza pública para retirar bloqueos implementados en los estados de Chiapas y Oaxaca.
Es entendible, jamás justificable, a la luz de la enseñanza de Voltaire sobre el manipuleo de las masas anarquistas: “Quienes pueden hacerte creer algo absurdo, podrán hacerte cometer atrocidades”.
En entrevista con SDPnoticias, Julio César Velázquez recordó que al ordenar el despliegue de las autoridades federales, la Secretaría de Gobernación violaría por lo menos dos artículos de la Carta Magna; el artículo 1 que privilegia el respeto a los derechos humanos, y el artículo 40, que advierte que México es una República representativa y democrática.
“La democracia no sólo se expresa mediante las votaciones, sino en la resolución de conflictos mediante el diálogo, ocupar la fuerza pública violenta el artículo 40 de la Constitución, pues no se prioriza el diálogo”, sentenció el abogado. ¡Otra vez la falacia del diálogo para chantajear!
Además resaltó que ocupar a las fuerzas del orden iría en contra del principio de progresividad, contenido en los Derechos Humanos. Por esta violación, los funcionarios serían acreedores a sanciones, incluso penales, pues existe una ley de servidores públicos.
Convenencieramente olvidan que el diálogo requiere ante todo una alta carga de buena fe y férrea voluntad política para arribar a acuerdos mínimos, a partir de los cuales construir acuerdos de mayor fondo y de largo plazo.

 

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