Las posiciones son contrarias totalmente, inamovibles. El gobernó federal reitera, a través del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que la ley no se negocia, que no está dispuesto a negociar las leyes de la Reforma Educativa ni ninguna otra. La representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no se mueve de la exigencia de derogarlas.
La razón asiste al gobierno federal. Por si mismo, no puede ni debe atender las demandas de la disidencia magisterial que  exige lo que está plasmado en la Constitución, lo que solo el Poder Legislativo, diputados y senadores, la mayoría de los congresos estatales podrían modificar, cambiar, anular, suprimir. En la CNTE se empieza   admitir que lo que se demanda es complicado, que no es algo que se pueda resolver en una o varias reuniones. Aún así, no se mueve y confirma que continuarán las movilizaciones, las medidas radicales, los atropellos a la población, la negación del derecho de paso en las carreteras a la unidades de toda clase de transportes; entre ellos los que trasladan productos básicos, maíz, frijol, leche, lo que alimenta a cientos de miles de oaxaqueños que viven en las comunidades de alta marginación.
El único acuerdo de la segunda reunión entre el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong y la representación de la CNTE, es la instalación de una mesa especial para atender el caso de  los hechos violentos, trágicos, de Nochixtlán. En ella estarán presentes los familiares de las víctimas, a quienes se les atenderá. Mientras este encuentro se lleva a cabo, o si no se acepta, se mantendrá la necia decisión  de presionar castigando a terceros.
La impotencia se apodera de los oaxaqueños, de los empresarios y comerciantes, de todos los afectados, que solo encuentran indiferencias de unos y otros. No importa a la CNTE, a las organizaciones adherentes, que el hambre se asome en los hogares, que la economía se destroce, las actividades cotidianas se cancelen, los servicios de emergencia no puedan atender la integridad y vida de las personas, el ciclo escolar no se cumpla como lo establece el calendario oficial, las perdidas aumenten afectando a los sectores productivos, se cometan atropellos y se humille a elementos de las fuerzas del orden, se cancelen reservaciones, las fiestas de la Guelaguetza estén en peligro, aumente el desabasto de combustibles.
Las voces de los inconformes las escuchan en las oficinas de gobierno. Para las del pueblo oídos sordos. No les pone atención. Se pierden entre el ruido de los que exigen que la Ley no se cumpla, no se sometan a evaluaciones, se otorguen plazas automáticas a los egresados de las escuelas Normales, sean liberados los dirigentes detenidos y sometidos e procesos penales, queden sin efecto los ceses a profesores que no se evaluaron o dejaron de cumplir responsabilidades por mantener las movilizaciones de protesta.
Las otras voces, los gritos desesperados, no se escuchan.  Unos por terquedad. Otros porque no pueden, no deben, negociar lo que es Ley. ¿Qué le queda a las víctimas? Lo que ya se propone, una huelga general, no pagar impuestos. Lo primero será abonarle más a la catástrofe. Lo segundo lo asimilaría el gobierno. Ambos serían de consecuencias Pero no queda de otra ante la indiferencia de las partes, ante la debilidad del gobierno y la soberbia de la CNTE, aumentada con egoísmo.
El laberinto construido con perversidad, para generar ingobernabilidad, no tiene salidas.  No se voltea a ver a la gente, al prójimo que no tiene que darle de comer a sus hijos, ha sido despedido de su trabajo, no puede pasar rumbo a un hospital.  Las humillaciones son constantes. A pesar de esto no se hace presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos para cumplir con la responsabilidad de ser la voz de los afectados por la violencia generalizada en todas las regiones.
Oaxaca padece una etapa más de agresiones. La desolación cubre todo su territorio. No hay una región, una comunidad, que este libre de la prepotencia, de los daños, la angustia y la impotencia. La delincuencia se aprovecha de las circunstancias, de la ausencia de policías en las calles y caminos, porque se dio la orden de acuartelarse, “para no interferir en las negociaciones”, no dar motivo a interpretaciones equivocadas, mientras se realiza un falso diálogo.

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